En las recientes elecciones presidenciales, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54.1% de los votos. Sin duda, una victoria contundente. El restante 45.9% de los Argentinos ha quedado, sin embargo, prácticamente sin representación. Por Guido Cataife*
Este porcentaje de la población coexiste con un gobierno que no representa sus preferencias y, sobre todo, que no se caracteriza por buscar consensos.Â
Podría argumentarse que este problema es inevitable en una democracia. Pero no es así. Ni siquiera lo es entre otras democracias presidencialistas como la nuestra. Los Estados Unidos tal vez sean el ejemplo más claro. El ejecutivo, liderado por el demócrata Barack Obama, se encuentra prácticamente paralizado por el Congreso. Y no sólo por la oposición, a cargo del partido republicano, sino también por los mismos legisladores demócratas que, atemorizados por la reacción de sus votantes, escatiman su apoyo al presidente en leyes claves. El ejemplo es todavía más relevante cuando se consideran los sistemas electorales respectivos. La Argentina tiene un sistema diseí±ado para otorgar mayor representación a las minorías en comparación a los Estados Unidos. Por ejemplo, las bancas de la Cámara de Diputados se reparten entre los distintos partidos en proporción a sus votos. Paradójicamente, la mayor representatividad de las leyes electorales argentinas coexiste con una menor representación efectiva de las minorías.
Por otro lado, el grado de representación que gozan las minorías en el país es mucho más bajo aún en comparación a democracias parlamentarias. En un sistema parlamentario, la supervivencia de la figura política que detenta el poder de proponer leyes, llamémosle gobierno, depende del continuo respaldo de una mayoría parlamentaria. De este modo, el gobierno se ve forzado a buscar consensos. Esta es la situación opuesta a lo que ocurre actualmente en la Argentina.
Históricamente, la democracia argentina ha tendido a comportarse tal como la teoría sugiere para un régimen presidencialista con tendencia al bipartidismo. Los partidos toman posiciones simétricamente distanciadas del “votante mediano†o centro electoral. El peronismo abroga por mayor distribución, en beneficio de la clase trabajadora. La UCR propone menos redistribución, pero enfatiza la importancia de prestar servicios, como educación universitaria pública y gratuita, que principalmente benefician a la clase media. Minorías como los jubilados, los ambientalistas, los productores agropecuarios y los indígenas, no gozan de debida representación. Esto se debe a la concentración de poder en una única entidad (el Ejecutivo) cuya supervivencia no depende del armado de coaliciones en el Congreso sino del apoyo de una mayoría popular.
Suele decirse que una mayor representación de las minorías tiene sus costos. En particular, se le atribuye la “euroesclerosisâ€, término que refiere a la incapacidad de varios estados europeos de flexibilizar sus políticas sociales y económicas. Esto se debería a que los intereses sectoriales adquieren un poder de negociación sobredimensionado en la negociación legislativa, lo cual les permite bloquear políticas que perjudiquen a sus representados, aun cuando el beneficio que la política bloqueada generaría a la población sea mucho mayor que su costo para las minorías perjudicadas. Sin embargo, este cuadro resulta muy lejano en un país con el bajo nivel de representación de las minorías como la Argentina.
Tal vez parte del problema sea la profunda crisis por la que atraviesan los partidos de la oposición. Abrumada por la aceptación popular con que goza el gobierno, la oposición no ha sabido hasta el momento distanciarse claramente en materia de políticas públicas. De este modo, los votantes que no concuerdan con el gobierno en materia de políticas sociales e institucionales pero que gozan de un mayor bienestar económico no encuentrarían suficientes motivos como para quitar su apoyo al gobierno.Â
*Guido Cataife, doctor en Economía, especialista en elecciones