Justicia electoral

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue cuestionado por la Cámara Nacional Electoral por el reparto discrecional y arbitrario de los fondos para los partidos. En otro orden, la Cámara habilitó la candidatura a senador nacional de Luí­s Barrionuevo por el peronismo catamarqueño.
Por otro parte, la Justicia le negó al Consenso Federal bonaerense, liderado por Cobos, llevar listas colectoras en aquellas circunscripciones donde no se habí­a alcanzado acuerdo entre esa fuerza, la UCR y la Coalición Cí­vica. La Junta Electoral vetó la boleta del Frente Cí­vico que incluí­a la frase «La gente de Cobos». Pero en San Juan, permitieron que las listas del PJ incluyan una foto del gobernador José Luis Gioja, a pesar de que no es candidato.


Un golpe judicial al Gobierno en plena campaña
Luciana Geuna
Crí­tica
06 de Junio de 2009
íƒâ€°sta es la historia del reparto discrecional de una caja pública con fondos extraordinarios para los partidos polí­ticos. El diputado Adrián Pérez, en nombre del ARI, denunció ante la justicia electoral que estaban siendo discriminados por el Ministerio del Interior en la distribución de esa plata que, durante 2008, alcanzó los tres millones de pesos. De ese total, cien mil fueron para el ARI y $ 1.140.000 para el Partido Justicialista. Ayer, en medio de la campaña, la Cámara Nacional Electoral le dio la razón al reclamo de Pérez argumentando que esos fondos deben ser entregados con un criterio de igualdad y razonabilidad. En su resolución, de 16 páginas, los jueces indicaron que í¢â‚¬Å“está en juego el respeto a la igualidad de oportunidades entre los partidos polí­ticosí¢â‚¬Â y considera que no cumplir con esas normas implica un í¢â‚¬Å“abuso de poder y arbitrariedadí¢â‚¬Â.
A pesar de que no se trata de dinero para la actividad proselitista, la noticia cayó como un triunfo electoral para la oposición mientras que, atento al golpe, el oficialismo respondió con velocidad. El director nacional electoral y encargado de repartir estos fondos, Alejandro Tullio, habló en conferencia de prensa en Casa de Gobierno apenas unos minutos después de publicado el fallo. A pesar de que no aclaró con qué criterio le dio tanto dinero al PJ y tan poco al ARI, se esmeró en aclarar que no son fondos de campaña y se excusó diciendo que í¢â‚¬Å“no se concedió el pedido porque el Ministerio del Interior tiene cuatro millones para todos los partidosí¢â‚¬Â. Como contraparte, Adrián Pérez dijo ayer: í¢â‚¬Å“Saludamos el fallo porque termina con la discrecionalidad con la que el Ministerio del Interior maneja los aportes extraordinarios a los partidos polí­ticos, que en los últimos años han favorecido claramente al Partido Justicialista en detrimento de las otras fuerzasí¢â‚¬Â. Según el apoderado del ARI y diputado nacional, í¢â‚¬Å“el fallo de la Cámara puso de manifiesto esta arbitrariedad. Esperamos que de aquí­ en más el señor director electoral, Alejandro Tullio se apegue a la ley y deje de utilizar su oficina como un medio de financiamiento al partido oficialistaí¢â‚¬Â.
El artí­culo N킺 5 de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Polí­ticos asigna fondos públicos para la asistencia económica de las actividades electorales y no electorales de las agrupaciones. Esa misma ley dispone en su artí­culo N킺 7 que el 20% del presupuesto anual del Fondo Partidario Permanente, se otorgará para í¢â‚¬Å“aportes extraordinarios para atender gastos no electoralesí¢â‚¬Â, como por ejemplo congresos, encuentros, etc. La ley no especifica las condiciones ni los argumentos para el reparto de esa plata que en 2008 fue de tres millones y este año llegó a los 3.800.000. Con ese argumento í¢â‚¬â€œel de la inexistencia de normativa para decidir la asignación ese dineroí¢â‚¬â€œ, la jueza federal con competencia electoral, Marí­a Romilda Servini de Cubrí­a rechazó el amparo presentado por el ARI. El fiscal Jorge Di Lello habí­a opinado de manera similar.
El reclamo del ARI se basaba en que habí­an pedido tres aportes: el primero fue en marzo cuando solicitaron $ 200 mil para una actividad partidaria, el segundo en septiembre por el mismo monto para un encuentro en San Nicolás y el tercero también por esa cifra con destino a organizar el Congreso Nacional del partido. La Dirección Nacional Electoral, a cargo de Alejandro Tullio, sólo le cedió cien mil pesos y nunca argumentó por qué le negaba el resto del dinero. Ese organismo tampoco explicó por qué sí­ le dio $ 1.140.000 al PJ. Su criterio es que la ley no pide razones. Sin embargo, ése es el punto al que apuntó la Cámara Electoral en su resolución. í¢â‚¬Å“Reconocido el carácter discrecional de la potestad que la ley le otorga al Ministerio del Interior en materia de asignación de aportes extraordinarios í¢â‚¬â€œescribieron los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munnéí¢â‚¬â€œ corresponde recordar los lí­mites del obrar administrativo en supuestos de tal naturalezaí¢â‚¬Â. En palabras más simples, el Tribunal dice que el Estado no puede evitar establecer criterios válidos para dar ese dinero í¢â‚¬Å“toda vez que la discrecionalidad otorgada a los entes administrativos no implica conferirles el poder para girar los pulgares para abajo o para arribaí¢â‚¬Â. Según el fallo, ahora el ARI podrá volver a gestionar el dinero fundamentando su destino.
OPINIíƒâ€œN
Lí­mite al manejo de fondos
Delia M. Ferreira Rubio (Presidenta de Poder Ciudadano)
La ley 26.215, que regula el financiamiento de los partidos, creó, además del aporte anual y del aporte de campaña, un nuevo tipo de aporte estatal í¢â‚¬Å“extraordinario para atender gastos no electorales a los partidos polí­ticos reconocidosí¢â‚¬Â. La distribución de este aporte es resorte discrecional del Ministerio del Interior ya que no hay ninguna disposición en la ley que determine qué partidos pueden recibir estos fondos, en qué cantidad y por qué causas.
La asignación de fondos públicos sobre base discrecional claramente atenta contra los principios de transparencia y genera un espacio propicio a la utilización partidista de los fondos públicos. En este punto, la ley 26.215 constituyó un retroceso significativo con relación a la ley anterior.
El fallo de la Cámara Nacional Electoral ha venido a poner un lí­mite al Ministerio del Interior en el manejo discrecional de estos fondos. La discrecionalidad en una república no es sinónimo de poder absoluto ni de arbitrariedad. Todos los recursos del Estado deben ser manejados de forma razonable, y además es deber de los funcionarios fundar sus resoluciones, es decir, explicar cuáles son los criterios utilizados para adoptarlas.
En 2008, Poder Ciudadano hizo un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre el criterio que utilizaba para asignar estos fondos y la respuesta fue que no habí­a ningún criterio porque la ley no lo fijaba. Esa explicación, dice bien la Cámara, no basta en una república.
Es un caso similar al de la pauta publicitaria del Estado. No hay criterios en la ley para repartirla y el Gobierno parece utilizarla como mecanismo de premio a los medios amigos y castigo a los que tienen una lí­nea editorial crí­tica. La jurisprudencia ha resuelto í¢â‚¬â€œen forma similar a lo que ahora dispuso la Cámara Electoralí¢â‚¬â€œ que el manejo discrecional de estos recursos resulta discriminatorio y atenta contra los principios elementales de la república.
El Ministerio del Interior debe hacer transparente el criterio con el que asigna los recursos para que podamos evaluar si no está utilizando esos fondos para discriminar a los partidos de la oposición y beneficiar al oficialismo.
Barrionuevo se quedó con el PJ de Catamarca y Kirchner lo intervino
Alfredo Gutiérrez
Clarí­n
6 de junio de 2009
El peronismo de Catamarca quedó otra vez al borde de un escándalo polí­tico, tras una secuencia de vértigo que comenzó ayer al mediodí­a cuando la Cámara Nacional Electoral avaló al gastronómico Luis Barrionuevo como único candidato a senador nacional por el PJ local, y le quitó al kirchnerismo el uso de la sigla y los sí­mbolos partidarios. La respuesta fue casi inmediata: el partido, que preside Néstor Kirchner a nivel nacional, le envió horas después la intervención.
El fallo judicial fue un duro golpe para el kirchnerismo local, que postula para la banca a Lucí­a Corpacci (vice del gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral) y está aliado a un sector del justicialismo. Y dejó en evidencia la diáspora del peronismo que irá en cuatro listas diferentes para enfrentar al candidato del oficialista Frente Cí­vico, Oscar Castillo. Es que también se presentan, por separado, Ramón Saadi -con su propio partido- y el ex gobernador Hugo Mott. Todo lo contario a lo que pasó en la elección para legisladores provinciales del 8 de marzo pasado, cuando el peronismo fue unido y de la mano de Kirchner. El resultado: una fuerte derrota.
Barrionuevo habí­a roto la alianza del PJ con el kirchnerismo una semana después de haberla presentado ante la Justicia. Entonces comenzó una batalla por el uso de los sí­mbolos partidarios cuya primer resultado -el fallo del juez local Ricardo Moreno, sobrino polí­tico del referente kirchnerista Armando «Bombón» Mercado-, fue a favor del kirchnerismo. Incluso, se especuló que Barrionuevo podrí­a quedarse fuera de la grilla electoral. Pero ayer la Cámara avaló la apelación del gastronómico, cuando quedan apenas 20 dí­as de campaña electoral.
El sindicalista «anti K» quedó consagrado como único representante del PJ y dice tener encuestas que lo muestran segundo, debajo del Frente Cí­vico pero «muy encima» de los otros peronistas. No es un dato menor, porque de acceder por la minorí­a al Senado, el kirchnerismo perderí­a una banca.
La reacción del justicialismo nacional fue intervenir el partido en el distrito, tal como confirmó a Clarí­n su apoderado. Jorge Landau, porque «habí­a una situación de absoluta anarquí­a» en el PJ de Catamarca. El interventor será el diputado K de Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, quien apuntarí­a a cerrarle puertas al gastronómico para que el PJ vaya de aliado del Frente para la Victoria. Pero fuentes del PJ nacional reconocieron que será «muy difí­cil» impedir que Barrionuevo sea candidatos, porque ya fue oficializado.
Cobos no estará en las boletas
Los Andes
04 de junio de 2009
Finalmente el vicepresidente Julio Cobos no tendrá ninguna participación en el cuarto oscuro el próximo domingo 28.La Junta Electoral vetó la boleta del Frente Cí­vico que incluí­a la frase «La gente de Cobos» pegado al número de lista, tal como aparece en todas las gráficas de la campaña proselitista de ese sector.
Esa alianza ya tení­a presentada la otra alternativa de boleta, en la que sólo se hace mención al nombre del frente y al número de lista, el 503. Tampoco son incluidos, esta vez por voluntad del sector, los logos de los partidos que conforman el FrenteCí­vico Federal, especialmente la UCRy Confe.
«Lo que buscábamos era que la gente identifique al sector polí­tico claramente. Así­ podí­an saber cuál era la lista de Cobos, tanto para apoyarla como para no apoyarla. No es algo que pueda sumar más votos, sino llevar claridad. Así­ nadie vota confundido, hay que tener en cuenta que se adelantaron las elecciones y los procesos de los partidos no fueron normales», dijo Jorge Albarrací­n.
Antes, los radicales habí­an recibido otra negativa al intentar usar el número 3 para identificar su lista.
La junta les dijo que no, pero no todos tienen el mismo criterio.En San Juan, por ejemplo, permitieron que las listas del PJ incluyan una foto del gobernador José Luis Gioja, a pesar de que no es candidato.
Los cobistas, por su parte, habí­an impugnado que las boletas del Frente para la Victoria tengan la bandera argentina, por considerar que prestaba a confusión.La impugnación fue acompañada por el Partido Demócrata, pero la Junta no les dio la razón.
En San Juan, una foto de Gioja va en la boleta
Pablo Icardi
Los Andes
04 de junio de 2009
Lo que Julio Cobos no pudo en Mendoza, al intentar incluir su nombre en la boleta del Frente Cí­vico Federal, sí­ lo consiguió en San Juan el gobernador José Luis Gioja, que logró que el Tribunal Electoral Federal autorizara incluir una foto suya en la boleta del Frente para la Victoria. Claro que la jugada no le salió perfecta, porque se dispuso que sea más chica de lo que estaba previsto inicialmente.
Según informó el Diario de Cuyo, esto ocurrió luego de una impugnación que presentó el Frente Unión Por San Juan, que encabeza Mauricio Ibarra, contra la boleta del oficialismo, aduciendo que no puede incluir imágenes de personas que no son candidatas y cuestionando el tamaño de la misma. El resto de los partidos lleva fotos en sus listas, pero de los principales candidatos de cada uno.
El planteo se dio -cuenta el diario sanjuanino- en una audiencia que llevó a cabo el Tribunal Electoral con los apoderados de los siete frentes y partidos que participarán en las elecciones.
En el encuentro se analizaron los modelos de votos que presentó cada fuerza y tras más de tres horas de análisis, la Justicia aprobó todos al considerar incluso que es legal que en la boleta aparezcan fotos de personas que no son candidatas.


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