Publicidad Oficial

A raí­z de la discusión sobre la publicidad oficial en tiempos electorales, se presentaron tres proyectos de diputados nacionales para legislar sobre el tema. Dos reconocidas ONG fueron convocadas para comentar estos proyectos. Entre las puntos mencionados es interesante la necesidad reformar el Código Electoral Nacional para prohibir toda publicidad oficial durante los 90 dí­as de la campaña electoral.


Empezó en el Congreso un debate por la regulación de la pauta oficial
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Edición Ní‚° 79 | 17 de Agosto de 2007

La ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sus recomendaciones para una futura ley que reglamente la forma en que el Estado distribuya su publicidad. Transparencia, control y criterios claros para la asignación fueron algunas de los puntos que marcaron ambas organizaciones.
(17 de agosto, 2007) La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano presentaron ayer ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sus recomendaciones para una futura ley que reglamente la forma en que el Estado distribuye la publicidad oficial. Ambas entidades consideraron que la sanción por parte del Congreso de un marco legal es necesaria para otorgar transparencia y evitar discriminaciones que afecten de un modo negativo a la libertad de expresión.
Por la ADC estuvo Eleonora Rabinovich, directora del írea de Libertad de Expresión, quien consideró que la falta de reglas relativa a la forma en que se distribuye la publicidad oficial promueve í¢â‚¬Å“decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión polí­ticaí¢â‚¬Â. Rabinovich enfatizó en la necesidad de establecer mecanismos de contratación concretos, criterios precisos y cuantificables que í¢â‚¬Å“respeten el pluralismo informativoí¢â‚¬Â y procesos competitivos de asignación. í¢â‚¬Å“Una ley del Congreso serí­a muy importante como ejemplo para que las distintas provincias y municipios también legislen sobre la materiaí¢â‚¬Â, agregó.
Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, consideró que es necesario crear un organismo í¢â‚¬Å“independiente, técnico, autárquico y autónomoí¢â‚¬Â que se encargue coordinar la actividad publicitaria del Estado. í¢â‚¬Å“Serí­a el responsable de coordinar la programación anual y supervisar la ejecución presupuestariaí¢â‚¬Â.
Según Rabinovich, í¢â‚¬Å“la publicidad oficial puede tener una función muy positiva, como canal de comunicación entre el Estado y la población. Pero las campañas de publicidad oficial deben desarrollarse exclusivamente cuando concurran razones de interés públicoí¢â‚¬Â. La ADC viene trabajando en pos de una regulación para la publicidad oficial y en diciembre pasado presentó en la comisión su documento í¢â‚¬Å“Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficialí¢â‚¬Â, que sienta pautas generales sobre las cuales deberí­a basarse una regulación de la pauta estatal que respete la libertad de expresión.
Asimismo, ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de suspender la publicidad oficial durante un tiempo razonable antes de las elecciones y de establecer prohibiciones especí­ficas en relación al contenido de la publicidad oficial, que eviten su confusión con propaganda partidaria. En ese sentido, Alonso consideró que se deberí­a prohibir la utilización de nombres propios en este tipo de publicidades. í¢â‚¬Å“La publicidad oficial no debe estar firmada por los funcionarios, tal como sucedió con las publicidades utilizadas por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, que llevaban la leyenda í¢â‚¬Ëœgestión Telermaní¢â‚¬â„¢í¢â‚¬Â.
La necesidad de establecer un registro público de medios de comunicación y de fijar mecanismos de transparencia y de control fueron otros de los puntos tratados por la ADC y Poder Ciudadano. í¢â‚¬Å“Sugerimos que se solicite a los medios que informen acerca de su propiedad, el público al que se dirigen, su facturación anual, y las temáticas que suelen tratar, además de otras cuestiones legales, impositivas y laborales. Todo ello debe publicarse en Internetí¢â‚¬Â, dijo Alonso.
Los tres proyectos bajo consideración de la Comisión de Libertad de Expresión pertenecen a diputados de distintas tendencias polí­ticas. Así­, mientras uno corresponde a los diputados Silvana Giudici, Vilma Baragolia, Alicia Tate, Cinthya Hernández (UCR) y Claudio Lozano (Emancipación y Justicia), los otros dos son obra de Paula Bertol junto a Federico Pinedo (PRO) y Esteban Jeréz (PRO). En el marco del estudio de los mismos, la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja decidió convocar a distintas organizaciones civiles para que den su opinión sobre la materia.
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Dos ONG presentaron sus recomendaciones para la futura ley que regulará la publicidad oficial
Poder Ciudadano
Info Cí­vica
Email de actualización n킺 1997 del 17-08-07

Se trata de Poder Ciudadano y ADC, cuyos representantes asistieron ayer a una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para exponer sus comentarios respecto de la legislación que se está analizando. Pidieron incluir criterios de mayor transparencia y publicidad en la distribución de la pauta publicitaria.
(INFOCíVICA, Buenos Aires, 17 de agosto de 2007). La falta de transparencia en la distribución de la publicidad oficial que fue noticia en las últimas semanas podrí­a cambiar su suerte: tres proyectos de ley de distintos diputados nacionales buscan regular esta distribución, y dos ONG ya expresaron sus inquietudes y propuestas para garantizar la idoneidad de la futura legislación.
Sucede que la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fueron invitadas por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para dar su opinión respecto de los proyectos de ley que se están analizando (uno de ellos es del diputado Esteban Jerez; otro de los diputados Paula Bertol y Federico Pinedo; y el tercero pertenece a la diputada Silvana Giudici). Y ayer, cada una de ellas expresó lo propio ante los diputados y asesores que estaban presentes (y entre los que no se encontraba ni un legislador oficialista).
La distorsión entre el presupuesto establecido y el gasto ejecutado; la falta de equilibrio en la asignación de publicidad en todos los medios, nacionales y provinciales, municipales y barriales; la utilización de la pauta oficial con fines propagandí­sticos de la gestión de gobierno de turno; la falta de publicidad de los gastos en publicidad oficial de cada organismo del Estadoí¢â‚¬Â¦ Son sólo algunos de los problemas señalados por ambas ONG, y en base a los cuales plantearon sus propuestas para incorporarlas en la futura ley.
í¢â‚¬Å“La problemática de la publicidad oficial vincula varias cuestiones que deben ser consideradas a la hora de legislar en la materia: el acceso a la información pública, la difusión de los actos de gobierno, el manejo transparente de los recursos públicos y la libertad de expresióní¢â‚¬Â, señaló ante los diputados Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano.
En base a esto, Alonso destacó que el contenido de la publicidad oficial í¢â‚¬Å“debe promover el acceso ciudadano a la información pública y debe ser de interés públicoí¢â‚¬Â. Y a la observación acerca de que esta no debe ser utilizada como medio de propaganda de cada gestión, la directora ejecutiva de Poder Ciudadano agregó: í¢â‚¬Å“La publicidad oficial no debe contener nombres propios ni estar firmada por funcionarios de turno, tal como sucedió con las publicidades utilizadas por el actual jefe de gobierno de la Ciudad, que llevaban la leyenda í¢â‚¬Ëœgestión Telermaní¢â‚¬â„¢í¢â‚¬Â.
Por su parte, Eleonora Rabinovich, responsable del írea de Libertad de Expresión de ADC, señaló: í¢â‚¬Å“El Estado tendrí­a que tener una necesidad genuina de comunicar; por eso, y en base a las observaciones que hicimos de los proyectos de ley, creemos que lo primero que debe hacer la ley es dar una definición de publicidad oficial, y entendemos que ésta deberí­a comprender a la mayor cantidad de organismos posiblesí¢â‚¬Â. Y destacó: í¢â‚¬Å“La publicidad oficial no puede ser el aviso de un partido polí­tico o gobernante; no puede discriminar los diferentes medios; y no puede ser superfluaí¢â‚¬Â.
Entre las observaciones de Poder Ciudadano, Alonso destacó que í¢â‚¬Å“la ley debe regular el criterio de adjudicación de la publicidad oficial, a fin de restringir las posibilidades de designación arbitraria y discrecionalí¢â‚¬Â. Y señaló que todas las decisiones de adjudicación í¢â‚¬Å“deberán ser publicadas en Internet por cada uno de los organismosí¢â‚¬Â. También hizo referencia a la necesidad de que la ley fije los requisitos que deben cumplir los medios que sean contratados por el Estado para publicar la publicidad oficial. í¢â‚¬Å“Sugerimos que se solicite a los medios que informen acerca de su propiedad, el público al que se dirigen, su facturación anual, y las temáticas que suelen tratar, además de otras cuestiones legales, impositivas y laborales. Todo ello debe publicarse en Internetí¢â‚¬Â, dijo Alonso, y al respecto agregó: í¢â‚¬Å“La ley también debe considerar si las personas fí­sicas pueden ser consideradas medios; y de ser así­, deben seguir igual procedimiento que las personas jurí­dicasí¢â‚¬Â.
Según ADC, en tanto, las previsiones de la pauta oficial son más que importantes para garantizar la transparencia. í¢â‚¬Å“Para evitar, por ejemplo, que en épocas electorales los gastos en publicidad aumenten, como sucedió este año; porque eso promueve a la captación de votosí¢â‚¬Â, señaló Rabinovich. Y destacó: í¢â‚¬Å“Estamos de acuerdo con Poder Ciudadano en que debe haber un registro de los medios de comunicación, y que este debe ser público y actualizado periódicamente. También creemos que las productoras y los periodistas individuales que reciben pautas de publicidad oficial deberí­an formar parte de ese registroí¢â‚¬Â.
La creación de un organismo í¢â‚¬Å“independiente, técnico, autárquico y autónomoí¢â‚¬Â es, según Poder Ciudadano, más que recomendable para coordinar las actividades publicitarias de los organismos descentralizados, y sobre los cuales hoy no existe un registro para poder monitorearlos. í¢â‚¬Å“Este organismo será responsable de coordinar la programación anual y supervisar la ejecución presupuestaria y la contratación de servicios. Y además, deberá presentar esa planificación anual y la ejecución final ante las comisiones que correspondan del Congreso de la Nacióní¢â‚¬Â, señaló Alonso. Y agregó que para ello también deberán garantizarse una consulta pública, a través de Internet, y audiencias públicas para debatir el plan anual y su ejecución.
Además, la directora de Poder Ciudadano recalcó que el organismo deberá tener la información de todo lo presupuestado en publicidad oficial de cada uno de los organismos, y deberá publicarla en Internet. í¢â‚¬Å“Todos los años, además, deberá encargar a Universidades nacionales una evaluación de impacto de la publicidad contratada, y una auditorí­a de mediosí¢â‚¬Â, agregó Alonso.
La necesidad de modificar el Código Electoral Nacional, para que establezca la prohibición de contratar y efectuar publicidad oficial durante los 90 dí­as fijados para la campaña electoral (en el caso de las elecciones nacionales), es una recomendación que tanto Poder Ciudadano como ADC remarcaron durante su oratoria en la comisión de Libertad Expresión de Diputados.
Para acceder al documento Poder Ciudadano entregado a la Comisión de Libertad de Expresión haga clic aquí­