Desde comienzos de los años 1990, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estado en el ojo de la tormenta. Presentamos algunas reflexiones sobre su evolución, situación actual y las perspectivas en miras de las elecciones presidenciales de 2007.
Por Alvaro Herrero
Desde el regreso a la democracia en 1983, Argentina ha confrontado importantes desafíos en materia de administración de justicia y de consolidación del estado de derecho. Los vaivenes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quizá uno de los mejores ejemplos de las debilidades de nuestro sistema democrático. La Corte fue renovada íntegramente en 1983 como producto de la renuncia de los jueces que habían sido designados por el gobierno militar (1976-1983). La nueva conformación llevó a cabo una tarea satisfactoria en la defensa de las libertades individuales y tuvo un rol destacado en varias discusiones políticas de gran trascendencia (por ejemplo, la aprobación de la ley de divorcio).
Los años noventa, desafortunadamente, fueron tiempos turbulentos para el máximo tribunal. La ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros por impulso del Presidente Menem y la designación de una mayoría de jueces afín a su gobierno í¢â‚¬â€œconocida como la í¢â‚¬Ëœmayoría automáticaí¢â‚¬â„¢- le infligió un duro golpe a la legitimidad y credibilidad del tribunal. El apoyo indiscriminado de los jueces alineados con el gobierno a las políticas del poder ejecutivo, generaron en la ciudadanía un descontento masivo para con la Corte Suprema.
La victoria de Néstor Kirchner en los comicios presidenciales de 2003 trajo aires de recambio en el máximo tribunal. Rápidamente luego de asumir, el Presidente Kirchner promovió el juicio político contra los jueces designados por el Presidente Menem. Los jueces Julio Nazareno y Adolfo Vázquez renunciaron para evitar su destitución (y así conservar sus jubilaciones); al tiempo que Eduardo Molinne Oí¢â‚¬â„¢Connor y Antonio Boggiano fueron efectivamente destituidos, y el juez Guillermo López renunció acuciado por una grave enfermedad.
En ese marco, el Presidente Kirchner tuvo la oportunidad de designar cuatro jueces: Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti. En el año 2006, la Senadora Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proyecto de ley que redujo de nueve a siete los integrantes de la Corte. De esa forma, Kirchner evitó tener que nombrar dos jueces más para cubrir las vacantes de Boggiano (destituido) y de Belluscio (renunció para jubilarse). Caso contrario, hubieran nombrado seis de los nueve jueces, una marca sólo equiparada por el Presidente Menem.
La nueva conformación de la Corte aún no ha logrado mostrar un perfil definido. Tampoco ha tenido suficientes oportunidades como para demostrar í¢â‚¬â€œa través de sus fallos- su independencia institucional. Sin embargo, en breve el tribunal deberá expedirse en un caso sobre el uso discrecional de publicidad oficial por parte del gobierno de la provincia de Neuquén. El centro de la discusión es un fenómeno preocupante que afecta la libertad de prensa: la mayor asignación de publicidad oficial a medios que son afines al gobierno en detrimento de medios que son considerados í¢â‚¬Ëœopositoresí¢â‚¬â„¢. Estudios recientes indican que el gobierno federal incurre frecuentemente en este tipo de prácticas, razón por la cual un eventual fallo de la Corte Suprema en contra del uso discrecional de fondos de publicidad oficial probablemente le obligaría a rever su política de favoritismo con algunos medios.
í‚¿Qué cambios pueden esperarse con respecto a la Corte Suprema luego de las próximas elecciones presidenciales? En primer lugar, resulta poco probable que el próximo presidente intente modificar la conformación del tribunal (sea mediante reducción de sus integrantes o por juicio político). El costo político de ellos sería demasiado alto. En segundo lugar, los actuales integrantes de la Corte son jueces o académicos ampliamente reconocidos que gozan de mayor prestigio que sus antecesores, por lo cuál sería de esperar que no apoyen sistemáticamente al gobierno en todas las decisiones trascendentales. En tercer lugar, la Corte ha definido una agenda de temas que si bien son importantes (incluye, por ejemplo, la protección de derechos sociales, ambientales, previsionales, y laborales), no ha generado una confrontación directa con el gobierno, por lo cuál no han habido roces fuertes entre ambos poderes.
Finalmente, el centro de atención está puesto no tanto en los jueces de la Corte Suprema sino en los jueces federales. En 2006, el Presidente Kirchner impulsó cambios importantes a la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano responsable de la designación y destitución de jueces federales. Dichos cambios, repudiados unánimemente por las organizaciones de la sociedad civil, apuntaron claramente a darle al gobierno un mayor control sobre el Consejo de la Magistratura, y de esa forma tener más incidencia en los procesos de nombramiento y remoción de un grupo de magistrados con gran importancia estratégica. Cabe mencionar, por ejemplo, que los jueces federales de la ciudad de Buenos Aires son los responsables de investigar casos de corrupción en el gobierno federal. Los desafíos y el desempeño del Consejo es un tema que analizaremos en los próximos artículos.