Astarita: «El Proyecto atiende una cuestión central como es la excesiva fragmentación de nuestro sistema partidario»

Martí­n Astarita, responsable del írea de Calidad Democrática del IFED, participó de un cuestionario de Argentina Elections en relación al proyecto de reforma polí­tica del Ejecutivo que ya cuenta con media sanción en el Congreso Nacional. Según el especialista en economí­a polí­tica, la principal ventaja que presenta el proyecto en cuestión reside en que su implementación podrí­a significar un avance tanto en términos de equidad como de transparencia en el financiamiento de campaña.Por Javier Tejerizo


Martí­n Astarita es licenciado en Ciencia Polí­tica en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y especialista en economí­a polí­tica en FLACSO. Es responsable del írea de Calidad Democrática del IFED. Ha publicado diversos artí­culos sobre financiamiento polí­tico y de las campañas electorales.
í‚¿Cuál es su postura frente al proyecto de reforma polí­tica del gobierno? í‚¿Considera que es una Reforma Polí­tica integral o más bien una Reforma Electoral?

Antes que nada me gustarí­a aclarar que el momento de su tratamiento es oportuno, ya que nos encontramos a dos años de los próximos comicios nacionales. Si la reforma se hubiese debatido en un año electoral se hubiesen generado mayores suspicacias sobre su fin.
Segundo, veo que el proyecto en general es coherente, y apunta a un fortalecimiento del sistema polí­tico en general y partidario en particular, aspirando a consolidar un sistema de partidos fuerte y representativo. Y este objetivo general responde, en mi opinión, a una correcta evaluación sobre cuál es una de las más importantes dimensiones a mejorar de nuestro actual sistema polí­tico, que tiene que ver con nuestro sistema partidario, que eclosionó en 2001 y que no se ha recompuesto.
En tercer lugar, considero que es una reforma electoral, porque intenta, mayoritariamente, redefinir las ví­as de acceso al poder. No por esto desmerezco el objetivo de la reforma, ya que la competencia entre Partidos es un elemento definitorio del funcionamiento de las democracias representativas. Pero es verdad que una propuesta de reforma polí­tica integral deberí­a ser mucho más abarcadora, tocando cuestiones como la burocracia estatal y los órganos legislativos.
í‚¿Considera que esta reforma satisface las demandas y necesidades de la ciudadaní­a en general? í‚¿Cuáles serán sus efectos en el espectro partidario argentino?
Creo que atiende una cuestión central como es la excesiva fragmentación de nuestro sistema partidario. Hay que tener en cuenta que los sistemas de Partidos muy fragmentados y volátiles perjudican la calidad de la democracia, dificultan la capacidad de gobernar y debilitan los controles ciudadanos sobre los representantes. Este fenómeno se profundizó después de la crisis del 2001, tras la cual se atomiza la representación, y el sistema de Partidos en la Argentina ha ido tendiendo a una creciente fragmentación, llegando a la cifra de 656 Partidos nacionales, provinciales y de distrito. En tal sentido, la dispersión del sistema partidario argentino, ratifica la necesidad de una reforma polí­tica que ordene la dinámica del mismo, por lo que el proyecto de Ley de Democratización de la Representación Polí­tica, la Transparencia y la Equidad Electoral constituye un paso adelante en la regulación para la creación y mantenimiento de los Partidos polí­ticos. Asimismo, un sistema partidario volátil hace sumamente difí­cil que los controles sean efectivos, dificultando la accountability, ya que varios Partidos se crean y desaparecen cada vez con mayor rapidez. Los datos confirman que un gran número de Partidos son creados como meros sellos electorales, sin vida real ni funcionamiento como organizaciones estables y activas. Por lo tanto, el fortalecimiento de los requisitos para la formación y continuidad de los Partidos polí­ticos contribuirí­a no sólo a mitigar la dispersión actual, sino también permitirá elevar las exigencias de control en cuestiones tales como el financiamiento polí­tico.
Por otra parte, las primarias, en un escenario ideal, con partidos sólidos, democráticos y con una activa vida interna, quizás no resulten convenientes, pero hoy sin duda pueden convertirse en un remedio frente al distanciamiento y desconfianza que muestra la ciudadaní­a ante los mecanismos de selección de candidatos, que recaen centralmente en manos de las cúpulas partidarias. En ese sentido, hay que remarcar que la población se interioriza en polí­tica mayormente durante el perí­odo electoral, y en esto las primarias constituyen un incentivo positivo.
Finalmente, uno de los principales efectos de la reforma será la reducción del número de Partidos, principalmente evitará los í¢â‚¬Å“sellos de gomaí¢â‚¬Â. Asimismo, por ser instituciones de carácter público, los Partidos deben cumplir con una serie de disposiciones, entre ellas armonizar intereses sectoriales integrándolos en un programa común; creo que la reforma logrará que ciertos Partidos que tienen diferencias mí­nimas tiendan a la unidad, logrando una mayor representatividad a través de la agregación de ciertas demandas, reduciendo el número actual de Partidos.
í‚¿Cuáles han sido las propuestas del IFED en torno a la reforma?
El IFED participó del «Diálogo polí­tico para la Reforma Polí­tica» realizado por el Ministro del Interior, en el cual presentó un documento proponiendo modificaciones al régimen de financiamiento de los Partidos polí­ticos, tendientes a robustecer la transparencia y la equidad de las campañas electorales. Lograr este balance es muy complicado debido a que las legislaciones sobre financiamiento polí­tico enfrentan la tensión de priorizar la equidad o la transparencia, ya que por un lado las normas más restrictivas favorecen la equidad, pero incentivan la opacidad y la í¢â‚¬Å“creatividadí¢â‚¬Â de los Partidos para eludirlas; mientras que normas más laxas permiten, en principio, una mayor transparencia sobre los gastos, pero resultan sumamente inequitativas. Desde el IFED creemos que una alternativa superadora de esta tensión entre transparencia y equidad consiste en suprimir la inversión privada en publicidad audiovisual, establecer que solamente el Estado contrate espacios de propaganda en medios audiovisuales durante las campañas, y que los distribuya entre los distintos Partidos, como lo han decidido Brasil y México, entre otros paí­ses.
De esta manera, se tiende a garantizar la equidad en la competencia y a la vez se fortalece la transparencia del proceso electoral.
í‚¿Qué modificaciones traerí­a respecto a la actual legislación?
Actualmente, por un lado el Estado otorga a los Partidos o alianzas que oficialicen candidaturas espacios en los medios de radiodifusión, para la transmisión de sus mensajes de campaña (50% en forma igualitaria entre todos los Partidos y 50% proporcional a la cantidad de votos), y por otro, cada Partido puede recibir financiamiento privado y en base a él contratar por sus propios medios espacios en la televisión y en la radio. Nuestra iniciativa consiste en suprimir la inversión privada en publicidad televisiva y radial. De tal forma, la contratación de los espacios audiovisuales a ser utilizados por los Partidos polí­ticos pasarí­a a depender en forma exclusiva del Estado. Esto traerí­a ventajas, primero, reducirí­a los gastos exorbitantes de las campañas electorales, en las últimas elecciones la inversión en publicidad representó más del 70% del gasto que efectuaron los Partidos durante la campaña. En segundo lugar, y derivado en parte del punto anterior, la supresión de la inversión privada en materia de publicidad contribuirí­a decisivamente a reducir la brecha entre candidatos ricos y pobres. En las últimas elecciones legislativas se puso de manifiesto una creciente disparidad entre los gastos efectuados por los distintos candidatos. Asimismo, no sólo se lograrí­a mayor equidad, a partir de la imposición de nueva restricción -en este caso, la supresión de la inversión privada en publicidad- sino también mayor transparencia. Esto se debe, en primer lugar a que esta restricción recaerí­a sobre los gastos de los Partidos y no sobre sus ingresos, siempre más difí­ciles de controlar. En segundo lugar, en la actualidad es sabido que los medios de comunicación otorgan precios diferenciales a los distintos candidatos y/o Partidos, en base a sus preferencias. Al quedar el Estado como único contratante, se cortarí­a de raí­z esta posibilidad. En definitiva, el proyecto del Gobierno contribuirí­a a lograr un sistema de financiamiento más equitativo y al mismo tiempo transparente.

í‚¿Qué puntos considera que se deben implementar, cuáles reformar y cuáles rechazar?

Creo que era oportuno desligar al Ministerio del Interior del manejo de todo lo referente al proceso electoral. Un punto complementario a la propuesta elevada por el IFED en el marco del Diálogo Polí­tico fue la de crear un órgano electoral independiente, como el IFE mexicano, con la facultad de distribuir espacios de publicidad audiovisual entre los Partidos. En México el Instituto Federal Electoral (IFE) es un órgano autónomo e independiente y es la única autoridad con potestad para administrar el tiempo en radio y televisión destinado a ser utilizado por los Partidos polí­ticos. De tal manera, creemos que el sistema de financiamiento polí­tico argentino podrí­a dar un paso fundamental en la prosecución de un sistema de financiamiento transparente y equitativo, que consolide nuestra democracia. De todas maneras no es tan simple la creación de un organismo de esta naturaleza. De hecho, si uno revisa la estructura de los órganos de control en el resto de América Latina, comprueba que el caso mexicano es prácticamente una excepción, y en tal sentido, el logro de un diseño institucional tan particular como el IFE tiene está asociado a razones históricas muy particulares de la historia mexicana.
Pensar en la creación de un organismo electoral independiente y asimismo la introducción de la boleta única, considero que son dos aspectos que contribuirí­an a fortalecer nuestro sistema polí­tico. Por su complejidad e importancia, merecen una discusión profunda y que redunde en una reforma ampliamente consensuada a fin de que sus ventajas no se vean opacadas por inconvenientes prácticos o de otra naturaleza.

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