Delia Ferreira Rubio: “El voto electrónico puede ser manipulado con facilidad”

Ferreira Rubio integra el Comité de Administración correspondiente a la ONG Transparency International. Foto: Oficina Senatorial de Santiago.
Ferreira Rubio integra el Comité de Administración correspondiente a la ONG Transparency International. Foto: Oficina Senatorial de Santiago.

En entrevista con Elecciones Argentinas, la prestigiosa académica objetó la versión tecnológica de la boleta única. También consideró necesaria la elaboración de listas electorales con alternancia y paridad de género.

Elecciones Argentinas. De cara a los comicios legislativos de medio término, y destacando la excepcionalidad que mundialmente caracteriza a las boletas partidarias, funcionarios nacionales impulsan la aplicación de la Boleta Única Electrónica, instrumento del cual se valen pocos países. ¿Comprende a la BUE como un avance?

Delia Ferreira Rubio. Hace años que diversos sectores de la ciudadanía reclaman la existencia de una boleta única donde conste la oferta electoral completa, ya que las listas partidarias han dado lugar a numerosas trampas e inconvenientes. Entonces, el reemplazo de estas últimas es una buena decisión. No obstante, el voto electrónico constituye una alternativa monetariamente cara y técnicamente vulnerable, capaz de ser manipulada sin necesidad de involucrar a muchas personas ni dejar rastros.

EA. El proyecto de ley permite a los partidos políticos y las universidades designar auditores informáticos para revisar todas las etapas que hacen al proceso comicial, derecho no correspondiente a los organismos de la sociedad civil. ¿Percibe que ello actúa en detrimento de las tareas de observación electoral, o basta con el control partidario – académico?

DFR. A nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los problemas que presenta la BUE no fueron detectados por agentes oficiales, sino especialistas informáticos independientes. Como resultado, la auditoría debe estar en manos de muchas personas y cubrir un tiempo extenso, ya que el plazo de tres semanas otorgado mediante el borrador de las nuevas disposiciones dificulta la realización de un trabajo serio.

EA. Usted se ha convertido en referente al momento de exigir mayor transparencia a las finanzas de los partidos, y en varias ocasiones pidió la ampliación del Cuerpo de Auditores Contadores, prevista en la reforma política que sostiene Casa Rosada. Con el fin de brindar claridad a los patrimonios de las estructuras políticas, ¿cuáles otras medidas al respecto deberían ser tratadas por el Poder Legislativo?

DFR. Es necesario limitar al máximo las oportunidades de financiamiento ilegal. Los topes a los aportes y gastos deben ser racionales, estando acompañados de recursos técnicos, jurídicos y presupuestarios adecuados para su control. No es posible corregir el problema del financiamiento ilícito sólo con leyes y controles; falta ver a una dirigencia sujeta a las normas que dicta.

EA. Si bien numerosas voces se han manifestado por la paridad de género —tanto horizontal como vertical— dentro de la esfera política, el proyecto en cuestión mantiene sin cambios el cupo femenino que debe ser respetado al momento de definir candidaturas. ¿Entiende que es éste un buen momento para iniciar el debate?

DFR. Nuestro país fue precursor con referencia al cupo de género en las postulaciones como medida de discriminación positiva. El paso siguiente, ya dado por algunos países latinoamericanos, debe ser la paridad con “sistema cremallera”, por el cual idéntico número de hombres y mujeres es ubicado de forma alternada en las listas. De todos modos, al no ser un reclamo ciudadano masivo, el tema continúa extraño a la agenda pública.

EA. Los considerandos de la iniciativa establecen para más adelante una segunda etapa de la reforma política, donde serían trabajadas cuestiones como la creación de un organismo electoral autónomo. ¿Cómo opina al respecto?

DFR. Excluir al Gobierno de turno en lo que hace a la administración de comicios es imprescindible para garantizar una competencia equitativa. Ahora, la solución no radica en diseñar un nuevo organismo, sino concentrar el manejo del proceso en la Cámara Nacional Electoral, único componente del Poder Judicial de la Nación especializado en materia de votaciones.