Dialogando BA: debate sobre la autoridad electoral porteña

El encuentro se concretó en la sede de la Jefatura de Gobierno. Foto: cuenta de Twitter "@DialogandoBA"
El encuentro se concretó en la sede de la Jefatura de Gobierno. Foto: cuenta de Twitter “@DialogandoBA”.

En el marco del ciclo Dialogando BA, ayer fue concretada una segunda instancia de debate sobre reforma política, con eje en los rasgos que podrían hacer a la autoridad electoral local.

Ante un público integrado por funcionarios, académicos y participantes en ONG, el evento comenzó con las palabras de los diputados porteños María Rosa Muiños (Frente para la Victoria) y Francisco Quintana (Unión PRO). Junto a ellos disertó Marcelo Escolar, coordinador de la Maestría en Análisis, Regulación y Gestión Electoral brindada por la Universidad Nacional de San Martín.

Los expositores coincidieron en la necesidad de esbozar un ente autónomo y autárquico, centrado en labores administrativas independientes de todo control oficioso llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, promovieron el diseño de un registro de presidentes de mesa y fiscales partidarios, a quienes estaría destinado un sistema permanente de capacitación.

Luego de esta primera etapa, la jornada continuó con el intercambio de ideas entre los asistentes, divididos en seis grupos cuyos miembros tuvieron 40 minutos para elaborar una propuesta de autoridad electoral. Cumplido el tiempo, un miembro de cada mesa señaló las conclusiones adoptadas.

Pudo observarse acuerdo respecto a que los integrantes del nuevo organismo resulten nombrados por una mayoría calificada de los legisladores, y corresponda a un área a determinar del Poder Judicial la capacidad de removerlos de sus puestos. Igualmente, la opinión se inclinó hacia la designación de profesionales en la temática, capaces de superar con éxito concursos públicos de oposición y antecedentes.

La futura institución con carácter estable debería preparar, organizar y dirigir todo comicio, estando sólo las tareas de contralor bajo la órbita del TSJ. Por su parte, la elaboración y actualización del registro de votantes, afiliados e infractores continuaría siendo prerrogativa de la Cámara Nacional Electoral.