Facundo Cruz: “La Boleta Única resuelve problemas a los partidos chicos y genera desafíos para la ciudadanía”

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Facundo Cruz es Politólogo (UADE), Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (UNSAM), Docente e investigador (UBA). Becario Doctoral (CONICET). Co-Director del Grupo de Investigación “Coaliciones Políticas en América Latina” (UBA). Co-Director del Observatorio de Redes. En entrevista con Argentina Elections habló en detalle sobre la reforma electoral en debate, detallando sus posibles impactos tanto en el mapa político nacional como provincial, fundamentalmente en el terreno de las coaliciones electorales, temática del cual es especialista.

Nicolás Cereijo: Para empezar, de los tópicos ya planteados en las diversas reuniones que mantuvo el gobierno… ¿cuál es tu visión acerca de la Boleta Única (BU)?

Facundo Cruz: Centralmente, creo que resuelve problemas para los partidos chicos y genera desafíos para la ciudadanía. A los primeros, les quita de encima el peso de tener que garantizar que sus boletas y candidatos lleguen desde La Quiaca hasta Ushuaia. Para la ciudadanía genera un desafío porque al cambiar el instrumento de votación la información electoral tiene que ser leída de manera distinta.

NC: ¿De qué manera?

Hoy en día, entramos en el cuarto oscuro y vamos a buscar la boleta que queremos elegir; también podemos decidir en ese momento a quién votar. Con la BU habría que agarrar un tarjetón más grande y encontrar al indicado. No creo que modifique mucho los patrones de votación, pero sí se deberá hacer una intensa campaña de concientización sobre la nueva boleta. De cualquier modo, agiliza el escrutinio y evita algunas prácticas “oscuras” del día electoral (voto cadena, robo de boletas, etc.).

NC: ¿Ves posible la Boleta Única Electrónica para el 2017?

FC: La BUE funcionó muy bien en Salta y CABA. En la primera se implementó de manera progresiva en distintas elecciones, mientras que en la segunda fue llevada delante de manera completa para las elecciones generales locales del 2015. Estamos hablando de dos provincias con electorados que no generan complicaciones en cuanto a su cantidad (casi 1 millón en Salta y 2 millones y medio en CABA). Distinto es para un electorado de 32 millones distribuidos en distintas provincias, regiones y con distinta facilidad de acceso a los lugares de votación.

Ahí resultará clave el proceso de capacitación de autoridades, de comunicación a la ciudadanía y de trabajo conjunto entre la multiplicidad de actores que intervienen hoy en el proceso electoral (jueces, funcionarios judiciales, apoderados, dirigentes, autoridades de mesa, funcionarios nacionales, provinciales y municipales).

NC: ¿Y de qué forma se ejecutaría?

FC: Tal vez sería interesante implementar un plan progresivo de adopción de la BUE en algunas provincias, supongamos, la mitad. Y posteriormente llegar a todo el país. Si, adicionalmente, pensamos que puede modificar la estructura de la administración electoral, al incluir un ente autárquico que ejerza las funciones de la DINE, entonces vamos a presenciar cómo se implementan dos procesos de reforma en simultáneo y de gran complejidad. Todo esto, claro, suponiendo que el debate en el Congreso Nacional sea positivo y se apruebe la legislación. No tenemos que olvidar que todas las suposiciones que hacemos sobre la realidad política actual las elaboramos sin observar cómo es la relación entre Poder Ejecutivo Nacional y Poder Legislativo Nacional: aún no han interactuado.

NC: En declaraciones al Diario Página 12, Marcelo Escolar dijo sobre  la reforma que apunta “a limitar lo más posible la necesidad de una estructura distribuida de fiscalización, que no haga depender al PRO de sus aliados, fundamentalmente el radicalismo”.  ¿Cuál es tu opinión al respecto?

FC: Coincido con Marcelo. PRO es un partido que comenzó como una coalición en CABA y se institucionalizó. Controlada la ciudad, decidió “salir al territorio”. Como dice Panebianco, por penetración hacia todo el país desde un distrito que controla (su bastión electoral). En este proceso de crecimiento y extensión, de a poco fue construyendo estructura de militantes, dirigentes y recursos organizacionales en algunos distritos. Los más urbanos o cercanos a CABA: Santa Fe, Córdoba, y en menor medida, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa. Para ser partido nacional, e independientemente de lo que te exige la legislación electoral, necesitas llegar a todas las regiones. Y ahí depende mucho de la UCR, que ya cuenta con presencia en cada provincia.

NC: ¿Pero ya no haría falta tanta fiscalización?

FC: No necesariamente hay una relación directa. La implementación de nuevas modalidades de votación, no significa que ya no se necesiten fiscales. A partir de este cambio, éstos sí tendrán que cambiar de funciones: militar más por las candidaturas, no preocuparse tanto por la falta de boletas, chequear que en las boletas estén bien indicadas las preferencias de elector. Y, tal vez lo más importante: pelear voto a voto. Porque con la primera adopción de la BU o BUE van a generarse muchas discusiones sobre “qué quiso” o “qué no quiso” hacer el elector en la boleta. Así que, en cierta medida, va a seguir necesitando de la UCR en la arena electoral: solo que necesitan redefinir las funciones de esa estructura.

Vale aclarar que el artículo citado refuerza la bajada la idea de que a partir de la BUE el PRO va a poder presionar a sus aliados: dudo mucho que la negociación entre partidos se rija sobre cuántos fiscales tiene o aporta cada partido para elecciones que se celebran cada dos años. Las negociaciones y presiones surgen cuando se toman decisiones públicas (de gobierno) o electorales (definición de candidaturas y definición de programa político), pero no para acordar estructura de fiscalización.

NC: En esa misma nota, Julio Burdman habla de un agotamiento del sistema de boletas partidarias, y por ello se hace necesario “actualizarse, incorporando mayor participación estatal; pero, en lo posible, sin alterar el espíritu pro partidos de nuestras leyes y nuestra historia”. ¿Cómo lo ves en la realidad?

FC: Creo que Julio hace referencia indirectamente a que cada partido que alcanza la Presidencia intenta modificar en algún aspecto el sistema electoral, de modo que pueda beneficiarse y sobrevivir en ese espacio. Así hizo el menemismo en los ’90 y el kirchnerismo hace unos años. Ahora vemos nuevamente un intento del partido de gobierno de adaptar ciertas cuestiones del sistema electoral para beneficio mutuo.

NC: ¿Qué beneficios?

FC: Por ejemplo, la BU quita la posibilidad de que cada boleta de cada partido esté asociado a una sola etiqueta y une a todos en la misma boleta. Pero no elimina del todo la identificación partidaria de los candidatos. Los proyectos que circulan incluyen la identificación partidaria de cada candidato con logo, símbolo, número de lista, imagen del candidato, lista de candidatos, etc. En esos modelos hay identificación partidaria, solo que la información tiene que ser leída de manera distinta: ya no buscamos la boleta del partido sino que buscaremos el lugar en la boleta que tenemos que marcar para elegir un partido o coalición. Lo que sí puede ocurrir es que, a la hora de diseñar la BU o BUE, tenga mayor tamaño la imagen del candidato presidencial o cabeza de lista de diputados y senadores por sobre el sello partidario o de la coalición electoral. Ahí se perdería un poco el aspecto “pro partidos” al que estamos acostumbrados. Y coincido en que no es positivo para la competencia partidaria.

NC: En un artículo en el Estadista que escribiste junto a Paula Clerici, hablan de dos escenarios posibles de la reforma, partiendo de la base del tipo de calendario al que se acuerde. Siendo ambos especialistas en coaliciones: ¿podrías desarrollar un poco más el final abierto del artículo? En concreto, fundamentar por qué se daría más el segundo escenario sobre el primero. 

FC: Se daría por dos razones. Primero, porque se modificaría el calendario electoral (un deseo del Gobierno Nacional), reduciendo la cantidad de fechas en las que se concurre a votar y ordenándolo un poco; homogeiniza las convocatorias. Esta es la estrategia de Cambiemos. Sin embargo, para eso requiere de la voluntad de los gobernadores de unificar las elecciones provinciales con nacionales. Dado que es una herramienta que los ejecutivos subnacionales han aprendido a utilizar en su beneficio para negociar apoyos legislativos, transferencias de fondos y proyectos de infraestructura, resulta poco creíble que naturalmente deseen encorsetarse en un calendario electoral unificado en un mismo día: pierden ese poder de negociación. De ahí que se activa la segunda razón: elegir un día todos los cargos provinciales (previamente se realizarían PASO en aquellas provincias que han adoptado el sistema), luego otro día PASO nacional y posteriormente las elecciones generales nacionales, sería una solución de consenso. Respeta y mantiene las arenas separadas de las elecciones, no quita poder de presión a los gobernadores y sigue la línea de la estrategia gubernamental nacional.

NC:  ¿Cómo lo pensás?

FC: Sería una estrategia win-win para todos los actores. Más aún porque el Gobierno Nacional no tiene capacidad jurídica ni política para poder obligarlos a elegir tal fecha. Necesita negociar y encontrar un punto medio. Nada indica, tampoco, que el segundo escenario se lleve a la práctica: hay que convencer a los gobernadores.

NC: Y en casos como el tucumano con el “acople”, ¿qué rol juegan las coaliciones, más que nada en territorio regional y municipal?

FC: El “acople” es una forma de coalición, mal que nos pese. Si pensamos en el término “coalición” como algo gradual en donde dos partidos o más pueden tener mayor o menor grado de unión en los acuerdos que conforman, los “acoples”, “colectoras” y “adhesiones” son coaliciones de bajo grado. Porque tenemos un solo candidato a gobernador o presidente, y tantas listas de legisladores como “acoples” lo acompañen. Estas estrategias funcionan para unificar votos detrás de un mismo candidato ejecutivo: todos sus candidatos legislativos arrastran para su candidatura.

NC: ¿Qué ventajas y desventajas observás al respecto?

FC: Es útil para unificar voluntades a nivel regional y municipal, sin dudas. El problema radica cuando ese gobernador debe, luego, gobernar. No necesariamente todos los legisladores pueden formar el mismo bloque o coordinarse en el recinto. Aumentan los costos de negociación porque debe acordar con cada uno, no con uno o dos bloques. Los gobernadores cuentan con capacidad para ejercer poder y disciplinar legisladores, pero si cada uno de ellos está territorialmente localizado en un bastión regional no deben fidelidad al gobernador: pueden saltar de uno en otro. A corto y mediano plazo es una estrategia que puede funcionar, pero a largo plazo es inestable. Así lo demuestra la discusión sobre reforma política en Tucumán en estos días.

NC: ¿Por qué?

FC: Debido a que las coaliciones más duraderas, electorales y de gobierno, son las más sólidas: las que se sostienen en acuerdos conjuntos, en programas de gobierno y en reglas internas de distribución de poder aceptadas por todos. Las que unen a los socios con puntos en común y acordados, no solamente con la función de arrastrar votos a un candidato ejecutivo. Por esa razón, algo pendiente de la discusión sobre reforma política es la posibilidad de presentar listas de adhesión en el nivel nacional. Además, si en Tucumán es un problema el “acople” y actualmente se está discutiendo, ¿por qué no generaría problemas en otros distritos donde también se permite?

NC: Para terminar: ¿cómo ves la posible reforma en provincias con ejecutivos establecidos hace largo tiempo, como el MPN en Neuquén desde 1963 o el caso de Isfrán en Formosa, del PJ, que gobierna desde 1995 la provincia?

FC: Si hablamos de la reforma política nacional, no veo complicaciones. Insfrán no tendría problemas para acompañar dado que en un escenario como el descripto antes, siendo gobernador puede mantener su bastión y no temer perder como sí podría ocurrir en un escenario de unificación completa. El MPN es distinto porque, históricamente, sus diputados han sido claves para votar leyes sensibles a favor del Gobierno Nacional; más aún, los senadores que han ocupado bancas. El MPN ha sabido utilizar sus legisladores nacionales para negociar ese apoyo a cambio de beneficios materiales (planes de infraestructura, transferencias, etc.). De ahí que un escenario de unificación lo perjudica porque al nacionalizar la campaña, pierde la capacidad de provincializar sus propuestas, que son su principal capital político en campaña electoral.

Si nos referimos a reformas políticas en esas provincias, es decir, reformas políticas provinciales, ninguno de los dos tiene incentivos para implementarlas. Insfrán implementó reformas que lo beneficiaron para mantenerse, y ha sobrevivido con ley de lemas. Nada indica que quiera dar marcha atrás. Lo mismo con el MPN. Incluso, en ninguna de las dos provincias hubo protestas, marchas o crisis políticas surgidas a raíz de cómo se eligen autoridades (como sí ocurrió en Tucumán). Si un sistema electoral beneficia a un oficialismo de turnos, los cambios pueden ser maquillaje superficial, pero nunca regeneración completa.