“Los avances en materia de transparencia electoral a nivel nacional no se perciben en las provincias”

hernanHernán Gonçalves Figueiredo es el Secretarío de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, se especializa en la problemática de la transparencia electoral. En esta entrevista nos describe la situación en cuanto al financiamiento de la política y los partidos políticos. Por Leandro Querido

Leandro Querido: ¿en qué situación se encuentra la Argentina en materia de financiación de la política y de los partidos políticos?

Hernán Gonçalves Figueredo: la verdad es que se avanzó mucho, incluso Argentina se convirtió en referente en la región. Hace por lo menos 10 años Argentina convirtió en importantes algunas pautas como la equidad y transparencia en la competencia. Se han hecho modificaciones normativas y de prácticas sobre todo. En materia de transparencia estamos a la vanguardia, siendo modelo a seguir por otros países. Esto involucra una política persecutoria, sancionatoria de las prácticas abusivas o ilícitas de los partidos políticas que se cruza con una política más bien de transparencia de acceso a la información para que las personas, las organizaciones, los partidos políticos puedan conocer quién está detrás de una propuesta de campaña, detrás de una propuesta electoral de una agrupación política particular.

LQ: desde la Cámara Nacional Electoral realizaron un informe muy detallado, con nombre y apellido de todos los aportantes a los partidos.

HGF: La Cámara Nacional Electoral asumió un rol bastante activo en apostar a la transparencia, precisamente en hacer que la información que puede ser muy confusa, muy técnica, y críptica para el ciudadano común que no tiene conocimientos de contabilidad, pueda ser facilitada en una lectura sencilla y comparada por quien entra a internet y conseguir así los datos. La Cámara estableció un aplicativo, un software para que cada partido pueda presentar determinados rubros, determinadas cuentas que dejen ver cuánto declaró el partido A y cuánto el B en gastos de movilidad y viáticos de fiscales. A esto se le dio una vuelta de tuerca más para el último proceso electoral que reúne la información en una base de datos que permite filtrar por los datos que le interesan al que consulta.

Allí se puede, por ejemplo, con los listados de todos los aportantes a las campañas, saber cuáles fueron los aportantes entre 5.000 y 10.000 pesos. Aparecen con nombre y apellido, la cantidad aportada, a qué partido le hizo el aporte, cuántos aportes públicos recibió, qué aportantes figuran por distrito, o cuántos son privados.

LQ: en esta división que se hace entre las dos grandes instituciones electorales que existen en nuestro país, la DINE,  y la Cámara Nacional Electoral, ¿esta atribución es de ustedes exclusivamente, el financiamiento?

HFG: sí, excepto la asignación. La asignación del aporte la hace el Ministerio del Interior a través de su Dirección Nacional Electoral que es quien determina cuánto corresponde de aporte para boletas, para campañas, o para la actividad anual y le asigna la cuenta a los partidos. Una vez que los partidos tienen esos aportes empieza a actuar la justicia en lo que tiene que ver con el control, la rendición de cuentas, la fiscalización y la publicidad de los partidos.

LQ: ¿y cómo acceden a esa información? ¿se las da la DINE?

HFG: no, no; los partidos tienen que declararla. Lo hacen en primera instancia, en cada provincia, donde hay un juzgado federal con competencia electoral en los que presentan todos los partidos todos los años los balances anuales y en los años de campaña informes de campaña especial de acuerdo a cómo hayan participado. Si son partidos el responsable económico del partido, si es una alianza lo presenta la alianza. Todos los informes tienen un procedimiento de auditoría. Más allá de que los particulares pueden presentar una denuncia u observaciones a los balances publicados en internet. De hecho, muchas investigaciones se iniciaron a raíz de una nota de investigación periodística que googlearon el nombre de cierta persona que aparecía en el informe de campaña de alguna agrupación y eso motoriza una fiscalización especial; pero si no en todos los casos se hace un control, un monitoreo de rutina que termina con una resolución judicial aprobando o desaprobando los estados contables e imponiendo eventualmente multas y sanciones.

LQ: ¿las sanciones implican pago con dinero o hay otro tipo de penas?

HFG: la más común y más aplicada es la pérdida o suspensiones de aportes públicos o multas. La mayoría son pecuniarias. Desde 2002 que se empezó a aplicar la norma sobre este tipo de control; llevamos como seis mil sanciones aplicadas entre suspensiones y pérdidas de aportes.

LQ: ¿es la primera vez que presentan un informe en la web, de este tipo?

HFG: de este tipo, consolidado, sí. Fue evolucionando. Desde 2003 se puede consultar pero de una forma más rudimentaria. Después se fue reglamentando.

LQ: imagino que esto representa un avance notable.

HFG: indudablemente, e incluso respecto de la comparación con otros países, cuando uno analiza el sistema a la luz de los principios internacionales, que sirven para cuando la OEA o Naciones Unidas aplica determinados estándares, nosotros estamos muy bien en la mayoría de esos estándares. Esto no significa que no se escape ningún gasto no declarado pero en materia de transparencia estamos en un estado muy avanzado respecto de la mayoría de los países de la región.

LQ: hace poco, hablando con Leonardo Valdés Zurita, el último presidente del INE de México, nos decía que es imposible controlar los aportes en negro de los narcos en política. En nuestro país la plata narco o ilícita no se habría volcado como una tendencia, en política ¿o sí?

HFG: lo que ocurre es que en México históricamente tiene un problema de infiltración del dinero del narcotráfico sobre todo en las entidades locales. En nuestro caso sobre el régimen que te comentaba es a nivel federal para cargos nacionales. Uno de los problemas justamente es la asimetría en la regulación que tenemos porque a nivel nacional hay una norma que establece límites de aportes privados, de gastos, normas de transparencia, pero en muchas provincias no tenemos ninguna norma. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de hacer elecciones simultáneas es muy difícil que en una elección de candidatos a diputados nacionales de una provincia que va asociada en la misma fecha con una elección a gobernador podamos discriminar qué gastos deben ser declarados a nivel nacional y qué gastos se canalizan como si fueran de la elección local pero que eventualmente tienen impacto a nivel nacional, ¿se entiende?

LQ: clarísimo, porque generalmente siempre asociamos las elecciones con las que se realizan a nivel nacional, pero luego hay un montón de elecciones a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces se dan situaciones difíciles, en donde se da un desfasaje. ¿No hay experiencias de provincias que hayan replicado la reglamentación nacional?

HFG: muy poco. La ciudad de Buenos Aires tiene algunas normas de financiamiento, la provincia de Buenos Aires suele tomar alguna norma nacional, pero es muy diferente el tipo de control que se hace de la información. Uno puede acceder fácilmente a los gastos declarados que las agrupaciones hicieron a nivel nacional pero es muy difícil encontrar información sobre los gastos que hicieron en los otros órdenes.

LQ: tenemos una muy buena normativa a nivel nacional pero parece que el colador se da en los otros niveles que se convirtieron así en la forma de evadir los controles. Por ejemplo, en la ruta 2, km. 50 y pico uno encuentra en un momento en que no hay elecciones una imagen de Scioli en un cartel inmenso costoso y abajo la firma de alguien que no conocemos, un dirigente de Brandsen, un prestanombres si querés. No sé si la figura contribuye a graficar esta situación.

HFG: depende de la candidatura, pero el caso emblemático es la foto compartida, el candidato a gobernador con el candidato a presidente. En ese caso cuando el candidato a presidente que tiene determinadas restricciones en materia de publicidades y de gastos se escuda en que no se ve como un gasto del partido que está compitiendo a nivel nacional, ese gasto lo hizo el partido que compite a nivel provincial. Y la autoridad que controla esto no es la autoridad judicial nacional. Es incalculable cuánto de esa foto implicaría como parte del gasto nacional.

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