José Alejandro Bonacci

 

Nombre: José Alejandro Bonacci
Edad: 43 años
Ciudad de origen: Rosario
Profesión: Trabajador gráfico – Empresario
Cargo actual: Presidente del Partido del Campo Popular
Trayectoria: Subsecretario de Prensa, Bloque de Constituyentes del MODIN, H. Convención Constituyente, 1994; 2001 Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Seguridad del H. Concejo Municipal de Rosario; 2003 Candidato a Vicepresidente de la Nación del Modin.
Reciente: Se postuló a senador provincial del PJ en las primarias de Santa Fe, donde sacó 4656 votos y quedó afuera de la general.

Sitio oficial: http://www.pcp.org.ar – http://www.bonacci.org.ar/
Facebook: http://es-la.facebook.com/jose.bonacci
Picassa: https://picasaweb.google.com/112868983917432511605
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Materiales de campaña: (grafica-videos-audio):  SPOT CAMPO POPULAR por videorosario
Contacto: [email protected]
Teléfono: 0341 156 930005

Bases de Acción Política: http://www.pcp.org.ar/p/bases-de-accion-politica.html
Declaración de Principios: http://www.pcp.org.ar/p/declaracion-de-pricipios.html
Carta Orgánica: http://www.pcp.org.ar/p/carta-organica.html
Plataforma Electoral: http://www.pcp.org.ar/p/plataforma-electoral-lista-nueva.html

POLÍTICA
Juzgamos que la transparencia en el sector público es esencial para la legitimidad del Estado. En este sentido, alentamos una mayor participación de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en el control y la acción de gobierno.
Asimismo, creemos que la estructura estatal requiere ser modernizada, incorporando nuevas tecnologías, métodos y procesos para la gestión, en búsqueda de una mayor flexibilidad. De esta forma aspiramos a incrementar las posibilidades de responder a las crecientes demandas y necesidades de la sociedad civil con eficacia y eficiencia.
Sin embargo, consideramos que no basta con trabajar en busca de la eficiencia y la eficacia en administraciones austeras. Los responsables de la gestión estatal también deben mostrarse listos para participar en un proceso estratégico-político de transformaciones estructurales de las organizaciones estatales. A la búsqueda de mejores resultados y mejores servicios es necesario agregar la generación de nuevas capacidades, articulando diversos sectores con creatividad, ingenio, riesgo y voluntad de resolución de problemas.
Defendemos la vida desde su concepción y rechazamos toda forma de impedir su vigencia y desarrollo.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Creemos en el planeamiento económico, entendido como la intervención del estado en la organización de la sociedad con un orden de prioridades marcado por la voluntad ciudadana, con métodos de ejecución democráticos e inclusivos.
Creemos que el Estado es un custodio del interés general. Por lo tanto, pretendemos una política económica orientada a la comunidad. Sostenemos que la lucha contra la pobreza debe ser prioritaria en pos de una República cohesionada, inclusiva y con reales oportunidades para sus ciudadanos.
Desde el Estado, se debe apoyar a las empresas con potencial exportador y de generación de empleos. El Estado debe facilitar las condiciones para permitir la inserción de las empresas argentinas en la economía global. En esta línea, creemos que el Estado debe generar planes sustentables orientados a la formación profesional de los ciudadanos, y fomentar la asociación entre ciencia y empresas para la incorporación de descubrimientos, la innovación, la investigación y el desarrollo industrial.
Consideramos responsabilidad del Estado aumentar la competitividad de las empresas argentinas para mejorar su inserción en el mercado internacional. Asimismo, pretendemos apoyar los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado interno en bienes de uso masivo.
Afirmamos que el Estado debe fomentar la producción tecnológica y estratégica en el país. Especialmente, en compromisos de largo plazo que aseguren las fuentes de empleo de los habitantes de la República.
Recuperar la decisión política sobre las riquezas estratégicas, la tierra y los recursos naturales.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Consideramos prioritario el campo de la educación, ya que es éste ámbito el que más incidencia tiene hacia la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la república.
En ese sentido, creemos que la educación de nivel medio debe ser obligatoria en todo el país. Creemos necesario asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo para toda la población.
La educación pública debe apuntar a la excelencia y establecer lineamientos curriculares que incorporen tendencias modernas que preparen a los futuros adultos para el aprendizaje, el emprendimiento, la producción, la resolución de problemas y la realización personal y colectiva. A la vez, el Estado deberá velar por el cumplimiento de estos principios en el caso de la educación privada.
Las Universidades públicas deben ser sometidas a una profunda reforma en su organización que debe orientarse hacia facilitar el ingreso a la Universidad a toda persona que allí desee estudiar independientemente de su nivel socio-económico, con mecanismos eficientes de becas, con posibilidades de inserción laboral en pasantías de aprendizaje y generando una estrecha vinculación entre ella y los centros de investigación científica.
SALUD
Consideramos esencial garantizar el acceso irrestricto a una atención sanitaria de excelencia en hospitales públicos. A su vez, debe ser garantizado el acceso a la atención hospitalaria personalizada para las personas de la tercera edad y con necesidades especiales.
Juzgamos que el gasto público en el mantenimiento de la estructura hospitalaria es una inversión prioritaria.
El Estado debe reservarse para sí la los derechos de control último del sistema de salud. La voluntad de proveer un servicio apropiado puede llevar a un esquema en que la salud pública se vincule con el sector privado, pero garantizando al usuario criterios de plena accesibilidad.
La medicina preventiva reviste una importancia fundamental. Es responsabilidad del Estado poner a disposición de las personas información que apunte a mantenerlas en condiciones saludables y promover el suministro gratuito de medicamentos básicos.
Alentamos la investigación científica como política estatal estratégica en materia de salud, en coordinación con las Universidades.
JUSTICIA
Son funciones indelegables del Estado asegurar la seguridad, el orden, los derechos humanos y la justicia.
La politización de la justicia atenta contra la democracia, las instituciones republicanas y la seguridad jurídica del país. Lesiona la dignidad del ser humano, es fuente de males que corrompen el cuerpo social y ocasiona pérdidas económicas.
El Estado debe garantizar en cualquier circunstancia el respeto por las garantías individuales de los ciudadanos.
ACCIÓN SOCIAL
El Estado debe garantizar una vivienda, alimentación y abrigo dignos, para cada uno de los ciudadanos.
A su vez, el Estado debe proveer una pensión a la persona retirada o con necesidades especiales; como también, un seguro de desempleo vinculado al reentrenamiento y la reinserción laboral.
Los planes de acción social deben ser otorgados enmarcados en un plan general de actividades que contribuyan a dar herramientas y oportunidades para la autosuficiencia, haciendo hincapié desde el Estado en la capacitación de los beneficiarios de los planes sociales.
Condenamos la utilización clientelista de los fondos destinados a la asistencia social. Dada su importancia y delicadeza, dichos fondos deben ser manejados de manera transparente, controlados por entes autónomos que den participación a organizaciones no gubernamentales reconocidas y garanticen el libre acceso a la información pública.
RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA
Creemos que el Estado argentino debe mantener relaciones amistosas con el mundo, impulsando especialmente el intercambio cultural y comercial, tanto como el respeto por los derechos humanos.
Priorizamos la paz mundial, la cooperación internacional, la libertad de cultos y la valoración étnica y cultural.
El Estado debe garantizar la Defensa nacional, a través de sus Fuerzas Armadas, que bajo ninguna circunstancia deben apartarse de su subordinación al poder político constitucional.
El Estado deberá proveerse de los medios de producción para la defensa.