La Justicia y la Reforma Política

La Cámara Nacional Electoral enviará un documento al Ministerio del Interior, del cual depende la Dirección Nacional Electoral, en el que se incluirán todo tipo de “requerimientos materiales para el cumplimiento de la nueva ley”. Asimismo, el Presidente de la Cámara se reunió en la provincia de Tucumán con los jueces federales electorales del NOA.


Reforma política: la Justicia transmite escepticismo y eleva sus requerimientos al Gobierno
Terra
3 de abril de 2010
La Justicia electoral tiene previsto enviar al Gobierno la semana próxima un requerimiento formal con sus necesidades para aplicar la flamante reforma política en 2011, en medio de un creciente escepticismo sobre la posibilidad de que las internas abiertas puedan llevarse a cabo.
Se trata de un planteo de la Cámara Nacional Electoral al Ministerio del Interior, del cual depende la Dirección Nacional Electoral, en el que se incluirán todo tipo de “requerimientos materiales para el cumplimiento de la nueva ley”, pudo saber este viernes Noticias Argentinas.
La presentación tiene como objetivo atender a las innovaciones dispuestas en la norma sancionada en diciembre de 2009, en especial en lo que respecta al nuevo sistema de registro de los electores, a partir del cual se confeccionarán los padrones a cargo de la Cámara y en base a información del Renaper.
A la espera de que la presidenta Cristina Kirchner reglamente la ley, representantes de juzgados electorales de todo el país vienen manifestando su preocupación por la aplicación de la reforma en 2011, especialmente por conceptos de la nueva legislación que parecen confusos o difíciles para la puesta en marcha, confirmaron a NA fuentes judiciales.
Además de las condiciones más estrictas para el reconocimiento legal de los partidos, genera duda entre los jueces la realización de las internas abiertas y obligatorias en todo el país para elegir candidatos, así como la posibilidad de que el Gobierno decida adelantar las elecciones.
Sin embargo, el ministro del Interior Florencio Randazzo salió en las últimas horas a calificar como “un tremendo disparate” a las versiones que dan cuenta de un posible anticipo electoral.
“Eso es falso, es un tremendo disparate que va en camino de generar situaciones de inestabilidad”, aseguró Randazzo.
El funcionario ratificó, en la misma línea, que el Gobierno buscará poner en marcha el cronograma electoral tal cual se especifica en la reforma política aprobada por el Congreso el año pasado, que incluye la realización de “primarias abiertas y obligatorias” y simultáneas en los partidos políticos.
Mientras tanto, la Dirección Nacional Electoral viene trabajando en la reglamentación de la ley y analiza -sin cambiar ningún párrafo- estirar algunos plazos para la adecuación a la norma y facilitar trámites de afiliación para amortiguar los reclamos de partidos con pocos afiliados, que corren el riesgo de perder personería.
“Estamos trabajando para que sea posible que los partidos que tienen dificultades puedan adaptarse y cumplir la nueva ley, pero sin establecer excepciones”, señaló a NA el titular de la Dirección Electoral, Alejandro Tullio.
Por otra parte, según trascendió en los pasillos de la Casa Rosada, el Gobierno podría demorar hasta octubre o noviembre próximo una definición al respecto a las internas y estaría dispuesto en todo caso a pedir la derogación en el Congreso.
Si bien públicamente el oficialismo insiste en que las primarias se realizarán tal como está pautado en agosto del año próximo, las dudas también alcanzan a los partidos de la oposición, que ya conocieron del cambio en las reglas de juego el año pasado con el adelantamiento de las elecciones legislativas.
“Creo que el Gobierno sí lo puede hacer, porque está acostumbrado a manosear las instituciones de acuerdo a sus conveniencias. Pero espero que no se modifiquen las reglas, porque no podemos estar sometidos a los caprichos del gobierno de turno”, se quejó el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, al ser consultado por el tema.
Primarias dividen a jueces y gobierno
Por: María Vicens
Ámbito
1 de Abril de 2010
La sanción de la Ley de democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral -mejor conocida como la reforma electoral- a principios de diciembre de 2009 dejó abierta toda clase de interrogantes y problemas e implementación para este año. La Justicia Electoral acompañó muchas de las reformas que plantea la nueva normativa, pero encuentra en este momento graves obstáculos para implementar la ley, que ni siquiera fue reglamentada. Algunos jueces dudan sobre la posibilidad efectiva de la realización de la elecciones internas, y así protagonizan chisporroteos entre los diferentes organismos que participan en el proceso: los jueces electorales de primera instancia -muchos descontentos con la nueva normativa-, se enfrenta con la Cámara Nacional Electoral, y hasta con el propio Ministerio del Interior, que a pesar de ser impulsor de la reforma, tiene sus propias internas. El siguiente es un repaso de las principales preocupaciones tiene hoy la Justicia Electoral.
1. La conformación de los padrones. Hace meses que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los representante de la Justicia Electoral mantienen sus relaciones en el más áspero de los tonos por la adecuación que el organismo tiene que hacer de la nueva ley. Allí se indica que el Registro Nacional de Electores quedará a cargo de la Cámara Nacional Electoral en la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. La ley precisa que el Renaper debe remitir en forma electrónica todos estos datos -que administraba hasta las últimas elecciones-, así como constancias documentales que acrediten cada asiento informático. Este es uno de los puntos más álgidos de la discusión entre la Justicia Electoral y un Renaper supuestamente reacio a ceder la información en papel. El conflicto habría escalado hasta tal punto que el Ejecutivo estaría preparando un decreto para establecer normas más precisas que garanticen los padrones digitalizados.
2. La adecuación de las Cartas Orgánicas de los partidos políticos a la nueva ley. La normativa establece que dentro de los 180 días los partidos deben haber realizado elecciones internas para constituir sus autoridades, así como tener un piso de electores no inferior al 4 por mil y presentar esta documentación en la Justicia para obtener su personería. Casi ningún partido ha avanzado sobre estas modificaciones, la mayoría con estructuras partidarias débiles que apuestan a alianzas y coaliciones.
3. Estos cambios en el caso de las agrupaciones chicas están directamente paralizados, ya en su mayoría iniciaron acciones de amparo contra el veto parcial que el Poder Ejecutivo hizo a los artículos 107 y 108 de la ley. Estos puntos establecen los plazos para que se adapten a la normativa y a partir de qué fecha entran en vigencia, que originalmente era el 31 de diciembre de 2011, pero el Ejecutivo lo rechazó. Estos aspectos todavía no fueron resueltos ni en la Justicia Electoral -los amparos tramitan en el juzgado de María Servini de Cubría-, ni en el Congreso. Por diferencia de interpretación, en la Cámara de Diputados algunos consideran que el veto fue rechazado y otros que sigue en pie.
4. Las fechas. A pesar de que está establecido que las fechas de los comicios sólo se pueden modificar con una nueva ley, en el caso de las internas, y con una reforma de la Constitución, en el caso de las elecciones presidenciales, siguen existiendo intentos y argumentos para modificarlas, lo que genera mayor incertidumbre para la organización de los comicios.
5. Las elecciones internas abiertas programadas para agosto de 2011 anuncian otro tipo de problemas relacionados con el sistema de reconocimiento de candidatos, el sistema de fiscalización de las líneas internas y el escrutinio de esos comicios. Todos estos aspectos están poco claros, al no existir reglamentación. La nueva ley también da un poder muy importante a las juntas partidarias en las internas y, para eso, las agrupaciones deben tener estructuras fuertes, previsibles y transparentes.
6. Tanto en el caso de la organización de las internas abiertas como en la digitalización de los padrones y las otras modificaciones que tiene que implementar la Justicia Electoral hay conflictos y dudas por falta de presupuesto y personal. Si bien la Dirección Nacional Electoral -que depende del Ministerio del Interior- ya elevó el informe a la Jefatura de Gabinete, ésta todavía no dio ningún tipo de respuesta.
7. Una de las mayores preocupaciones sobre la implementación de la nueva ley se concentra en cómo se administrará la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Este fue uno de los cambios más importantes que introdujo la normativa: a partir de estas elecciones el Estado pagará toda la publicidad electoral. Esto requiere un sector exclusivamente dedicado a uno de los temas más complejos de las campañas electorales, pero hasta el momento no se creó un área específica ni hay un presupuesto asignado para este aspecto.
8. La situación es todavía más complicada si se tiene en cuenta que el Gobierno, además, impulsó una nueva ley de medios, que también introduce cambios de fondo en el sistema de comunicación y que hoy está suspendida por la Justicia. De hecho, la nueva Autoridad de Aplicación debe intervenir en la organización de los espacios publicitarios de campaña. Una autoridad que está completamente dedicada a tratar de destrabar la ley que la creó y es severamente cuestionada por la oposición.
9. Las causas abiertas sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2007 es la última pero no la menos importante de los obstáculos que hoy enfrenta la Justicia para organizar los próximos comicios. En marzo pasado, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada, recordándole a los jueces de primera instancia que estaban vencidos los plazos para resolver esos expedientes. El plazo era marzo de 2009. Muchos jueces reaccionaron ante este llamado de atención, algunos incluso resolviendo con increíble rapidez lo que no habían cerrado en años. Pero otros se resisten. El caso más complejo, por su competencia federal, es el de María Servini de Cubría, porque tiene las causas de la polémica campaña de 2007 de Cristina de Kirchner, en donde aparecen aportes de víctimas del caso Forza, y de opositores como Elisa Carrió. Casos estancados, mientras siguen corriendo los plazos de una elecciones que los jueces ven cada día con mayor preocupación.
Implementación de la reforma política: La Cámara Nacional Electoral se reunió en Tucumán
La Hora de Jujuy
27 de Marzo de 2010 09:55
Durante el día de ayer, viernes 26, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Alberto R. Dalla Via, se reunió en la provincia de Tucumán con los jueces federales electorales y con los secretarios electorales de esa y de otras cuatro provincias, con quienes trabajará en la implementación de algunas de las innovaciones generadas por la ley de reforma política (26.571), sancionada en diciembre de 2009.
Entre las modificaciones más importantes introducidas por dicha ley, se encuentra el sistema de registro de los electores, con base en el cual se forman los padrones que la Justicia Nacional Electoral confecciona para cada elección. Si bien la fuente primaria de la información seguirá siendo el Registro Nacional de las Personas, las nuevas disposiciones han reformado aspectos estructurales en la organización y actualización de los datos electorales de los ciudadanos, por lo cual se requiere un estudio exhaustivo de las soluciones técnicas disponibles para implementar el nuevo sistema.
Por esto, el máximo tribunal electoral decidió organizar reuniones regionales que permitan a los magistrados y funcionarios electorales de primera instancia cooperar en la preparación de los sistemas sobre los que está trabajando la Cámara.
La primera reunión contó con la presencia de los jueces y secretarios electorales de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, además -por supuesto- de los de la provincia anfitriona y de altos funcionarios de la Cámara Nacional Electoral que acompañarán al presidente de dicho Tribunal.
La Reforma Política acumula denuncias en casi todo el país
La Gaceta
27 de Marzo de 2010
El secretario de la Cámara Nacional Electoral admitió que la normativa no satisfizo a los jueces. Magistrados federales y funcionarios electorales del NOA se reunieron para debatir problemas y soluciones de la nueva ley.
Los problemas -y sus posibles soluciones- en la implementación de la nueva Ley 26.571, que determinó la reforma política nacional, fueron analizados en los tribunales federales por el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Deane, por magistrados federales, por secretarios y por funcionarios electorales de las cinco provincias que conforman la región: Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
El secretario describió una propuesta de trabajo a implementar con el objetivo de atender las innovaciones dispuestas en la norma sancionada en diciembre de 2009. En particular, lo que respecta al nuevo sistema de registro de los electores a partir del cual se confeccionan los padrones.
La legislación es resistida especialmente por los partidos con pocos afiliados. Estas agrupaciones corren el riesgo de desaparecer cuando la adhesión formal de simpatizantes esté por debajo del piso del 4% del padrón de cada distrito (unos 4.000, en Tucumán).
El encuentro realizado ayer fue el primero en el país con estas características. “Es altísimo el nivel de satisfacción de esta conversación, que fue muy fluida, abierta y con cierta informalidad. Estas reuniones sirven para definir cómo implementar la modificación a la ley desde el punto de vista tecnológico y de recursos humanos”, dijo Deane durante una entrevista con LA GACETA que se desarrolló como sigue.
-¿Satisface la nueva norma?
-En algunos aspectos no estamos necesariamente conformes, pero no depende de los jueces estar o no satisfechos, sino aplicarla.
-¿Cuáles son los temas que más le preocupan en lo que respecta a su aplicación?
-Sin duda, la mayor preocupación pasa por la implementación de las elecciones primarias (serán obligatorias para definir los candidatos presidenciales por cada partido o frente). En especial, sobre sus tiempos; sobre la simultaneidad de comicios; sobre la cantidad de agrupaciones que intervendrán y sobre las dificultades que puede haber en una mesa de votación, entre otros puntos. La complejidad estará dada por el hecho de que hablamos de 80.000 mesas y de 28 millones de votantes. Pero no es algo nuevo para la Justicia Electoral que nos cambien las leyes y que debamos hacer un esfuerzo extra para adecuar los sistemas.
-¿Se está a tiempo para aplicarla en la elección de 2011?
-Sí, no creo que haya ningún problema. En todos los casos de estas modificaciones se realizan pruebas piloto y adecuaciones. Luego de la primera vez, se producen siempre renovaciones y modernizaciones. Es algo continuo, porque no trabajamos para una elección, sino para todo el tiempo. No hacemos un padrón seis meses antes, sino que está constantemente actualizado.
-La ley está fuertemente judicializada, principalmente por los partidos denominados minoritarios.
-En casi todos los distritos se han presentado denuncias y en la Cámara hay varias causas en análisis. Pero como son planteos judiciales sobre los que tengo que fallar, no me corresponde opinar. Modificaciones como la aprobada generan problemas para varias agrupaciones, y es una realidad muy compleja y diversa la de los 700 partidos que están reconocidos en el país. La provincia de Buenos Aires es siempre la más compleja.
-Los planteos más repetidos, ¿tienen que ver con la exigencia de un piso de afiliados?
-Sí, la posibilidad de que caduque una personería política es la preocupación más frecuente. Pero aún no hemos emitido ninguna sentencia al respecto.
-¿La Cámara tiene una propuesta de implementación de la ley para el registro electoral y en las afiliaciones a los partidos?
-Hemos presentado un proyecto operativo sobre el diseño y la modificación de circuitos de documentación para llegar a un registro electoral con la eficiencia que nos exige la ciudadanía. Es una nueva modalidad. También se están haciendo los cambios necesarios para que los ciudadanos y los partidos puedan conocer la afiliación de cada uno, para que las fichas no sean declaradas nulas. Se está aprovechando mucho Internet, pero también habrá atención personalizada en los juzgados.
La Justicia, preocupada por la aplicación de la reforma política
Javier Cámara
La Voz
14 de marzo de 2010
El flamante relator de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, José Pérez Corti, responsable de articular con los otros poderes del Estado provincial la aplicación de la reforma política, sugirió la conveniencia de que algunos de los cambios introducidos en el sistema electoral cordobés se apliquen de manera gradual.
Es que, a menos de 20 meses de la próxima elección provincial, siguen sin reglamentarse detalles importantes para la utilización de la boleta única, y sin subsanarse conceptos o prácticas introducidas en la nueva legislación que parecen confusos o de complicada aplicación según la norma modificada.
Con cautela, guardando las formas que impone el respeto a la división de poderes, el ex secretario del Juzgado electoral provincial admitió que existe cierta premura por que se definan, por vía reglamentaria o a través de una ley complementaria, estos detalles. E indicó que la Constitución establece que es el Poder Legislativo el que debe producir la reglamentación.
Además, la reforma electoral nacional que impulsó y aprobó el kirchnerismo a fines del año pasado, también podría tener consecuencias para la aplicación de la norma electoral provincial.
En este sentido, el funcionario judicial puso como ejemplo la sustitución del Padrón electoral por el Registro nacional de electores, de carácter federal, al que pueden acceder las provincias. Si se usa ese Registro, opinó Pérez Corti, no sería necesario todo el costoso procedimiento que requiere la elaboración de un padrón propio como exige la nueva ley electoral provincial.
Consultado por este diario, confirmó que de los 21 millones de pesos que el Tribunal Superior había solicitado para la adecuación del fuero electoral, para la elaboración de un padrón y para la estrategia de capacitación, sólo se presupuestaron ocho millones de pesos. No obstante, aseguró que el Poder Judicial está trabajando “para llegar a las elecciones de 2011 con todo organizado” y para “que no se repitan errores”.
Al respecto, señaló que se ha establecido un plan estratégico para la capacitación de los funcionarios públicos electorales (fiscales públicos electorales y autoridades de mesa), de acuerdo con la nueva legislación. Y sobre el escrutinio provisorio que la nueva ley dice que será efectuado con un software diseñado por técnicos cordobeses, Pérez Corti afirmó: “Se decidió elaborar documentos que fijen las pautas técnicas y jurídicas que deben observar los sistemas informáticos que se diseñen y que se ofrezcan para el escrutinio”.
Diálogo
–¿Hay premura o preocupación en el Poder Judicial por la demora en precisar algunos aspectos de la reforma política?
–Creo que un reflejo de esa premura es que yo haya sido convocado para esta responsabilidad de articular con los otros poderes la puesta en marcha adecuada y temporalmente correcta de lo que es la reforma política. Pero no por tratarse de mí, sino porque el Poder Judicial puso a alguien a trabajar con premura.
– Si por una eventualidad habría que convocar a elecciones de manera urgente, ¿se podrían aplicar las herramientas introducidas por la reforma de 2008?
–La hipótesis no es factible a no ser que lo disponga de esa manera una consulta popular.
–Le pregunto de otra manera: ¿Qué falta hacer para que los cordobeses puedan votar con boleta única el año que viene?
–Si el proceso electoral es estrictamente provincial, hace falta regular complementariamente o reglamentariamente, según el poder que lo haga, el régimen de boleta única o asumir que el Poder Judicial va a tomar esa decisión acerca del modelo de boleta única, la ubicación de las candidaturas (si va a ser vertical u horizontal), la distribución de los casilleros donde se va a marcar la opción, y si va a ser sólo una boleta única o más de una.
–¿Será factible la aplicación de los nuevos controles para las campañas y para el financiamiento de los partidos?
–En estos temas hay que asumir seriamente la necesidad de adoptar una decisión en cuanto la gradualidad o no de la puesta en marcha de la reforma política. Más allá de los objetivos fijados originariamente no es posible dejar de lado que una reforma de la dimensión de la que aconteció en Córdoba requiere plantearse si es posible modificar tantas variables, todas al mismo tiempo y sobre un mismo proceso electoral. Si quizá no sería más prudente decir cuáles variables van a comenzar a funcionar en esta elección, cuáles en la segunda, y cuáles en la tercera. Eso no depende del Poder Judicial, que asume que hasta ahora está la norma vigente y se está trabajando para generar distintos planes de acción para ponerla en marcha tal como está.
–¿Quiere decir que no son aplicables los sistemas de control que se han establecido en la nueva ley provincial?
–La experiencia nacional, que en este aspecto tiene similitudes con la provincial, ha sido muy compleja. Así lo han referido quienes han tenido que implementar la acreditación de los gastos y rendición de cuentas de los partidos. No estamos hablando de dejar de aplicar algo porque no queremos que los partidos lo cumplan o porque queremos evitar un control. Estamos diciendo que cuando vayamos a poner esto en marcha tenemos que ser muy prolijos en la forma y tener la seguridad de que estamos técnicamente capacitados. Para que la ciudadanía no termine teniendo más dudas de las que tiene.
–¿Y si no dan los tiempos? Mire que los tiempos del debate legislativo suelen ser lentos en estas cosas…
Hay cuestiones cuya solución va a requerir un consenso que quizá no se logre, y va a haber que plantearse seriamente si se puede imponer por la fuerza normativamente, o si no resulta más prudente especular con una planificación progresiva de la puesta en marcha.
Elecciones simultáneas
–¿Qué sucederá con los cambios generados en la provincia si el gobernador decide que la elección en Córdoba se realizará el mismo día que la nacional?
–Se aplicarían los dos sistemas electorales aunque con la particularidad de que cuando se superpongan en algo, el sistema provincial cederá la competencia al Federal. No habría problemas para la oficialización de candidaturas pero sí podrían surgir con el diseño de la boleta, porque habría dos sistemas jurisdiccionales diversos. De todas maneras no está tan claro el punto de inescindibilidad y hasta dónde podrán coexistir los dos sistemas.
–¿Estamos a salvo de que en 2011 ocurra lo que aconteció en 2007?
Lo que ocurrió en 2007 se debió al resultado absolutamente reñido que tuvo esa elección. Tengo fe en que vamos a llegar a 2011 para dar respuestas adecuadas y no repetir ningún error.
Sumatorias
Pérez Corti no descartó la posibilidad de que, si la elección provincial se realiza el mismo día que la nacional, pueda usarse nuevamente el polémico sistema de sumatoria, aunque haya sido prohibido taxativamente en la reforma electoral que impulsó Unión por Córdoba.
El sistema de renuncias partidarias ocasiona ciertos inconvenientes
La Gaceta
7 de Febrero de 2010
Luego de que, el 2 de diciembre pasado, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley 26.571, que modificó a la vieja Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), en Tucumán, el edificio del Juzgado Federal se convirtió en el lugar obligado para que los referentes de los partidos con riesgo de perder su personería, llevaran sus reclamos. El piso en el número de afiliaciones -4.000- y un porcentaje mínimo del 2% del total de votos en elecciones para no perder la personería, son algunos de los aspectos que preocupan a los dirigentes tucumanos.
En una entrevista con LA GACETA, el secretario electoral de la Justicia Federal, Rogelio Rodríguez del Busto, formuló algunas consideraciones acerca de la Ley 26.571. “Las renuncias a las afiliaciones anteriores es una de las mayores preocupaciones. Antes venían muchos con fichas de afiliación, pero estaban inscriptos en otros partidos y, al afiliarse, dejaba sin efecto la afiliación anterior. Hoy no; la renuncia previa tiene que ser expresa. Eso crea un inconveniente. Hay que ver cómo lo solucionamos”, dijo Del Busto.
El funcionario explicó que deben esperar a que la Cámara Nacional Electoral informe formalmente, cuánto es el número mínimo de afiliados requeridos. “A partir de ese momento, el juez intimará a aquellas agrupaciones que no lleguen a ese número, para que lo hagan en un plazo de 90 días hábiles, o sea que son más de tres meses”, destacó.
En cuanto al porcentaje, Del Busto aclaró que se trata de una exigencia que ya existía y que se mantiene. “Hubo una ley de primarias abiertas que nunca se aplicó. Cuando se derogó la ley de primarias, volvió esa sanción de la caducidad de la personería en el caso de no obtener el 2%”, observó.
El voto electrónico necesita una ley
Cada vez que se aproxima una elección, los referentes de los partidos opositores, reclaman que se implemente el voto electrónico. Rogelio Rodríguez del Busto destacó que se realizó, a modo de prueba, en otros distritos y que tuvo éxito. “Tucumán también lo hizo; a nivel nacional no, porque no hay una ley. Tampoco es la panacea, todo tiene sus pro y sus contras”, opinó.