Esto se debió a que, luego de una trabada sesión de tres horas y media, no alcanzó los dos tercios de los votos de los legisladores presentes requeridos según el Presidente de la Cámara Baja, Eduardo Fellner, para ese propósito, aunque varios Diputados aducían que sólo era necesaria la mayoría simple. La votación final fue 142 votos a favor, 95 en contra y una abstención. El tema terminaría en la Justicia, con un pedido de impugnación de la decisión de Fellner, mientras que la votación pasará a Senadores.
El rechazo al veto a la Reforma Política terminará en la Justicia
Urgente24
18 de marzo 2010
En una sesión complicada, la oposición se propuso rechazar el veto de Cristina a varios artículos de la Reforma Política, espécificamente aquellos que postergaban hasta 2012 la vigencia de esa ley y afectan sensiblemente a los partidos menores. El debate de interpretación jurídica tendrá un resultado final: la Justicia.
Ocurre que para el oficialismo se necesitaban 2/3 de los presentes. Para la oposición mayoría simple ya que no se trataba de la insistencia sobre la ley sino el rechazo al decreto simple con que la presidente veto la ley sobre la Democratización y Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, más conocida como Reforma Política
Sobre los dos tercios de los 239 diputados presentes, la oposición obtuvo 142 votos a favor, 95 en contra y una abstención del salteño Walter Wayar.
Por ende, a pesar de la ausencia del diputado Néstor Kirchner, a la oposición le faltaron 18 votos, ya que necesitaba 160 en total.
En esta oportunidad, el debate se centró en la interpretación sobre si se debe aprobar con mayoría simple o dos tercios de los presentes.
Para el arco opositor, el artículo 80 de la Constitución Nacional se debería aplicar para este casdo ya que no se está insistiendo con la sanción original de de la ley sino que se está declarando la nulidad del decreto que veta parcialmente la norma en cuestión.
El articulo 80 dice textualmente: «Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia»
En cambio, para el oficialismo esta claro que el artículo 83 de la Constitución Nacional estipula que se necesitan los dos tercios de los presentes.
Articulo 83: «Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.»
Tras más de 3 horas de debate para dirimir la cuestiónes de interpretaciones, la diputada Elisa Carrió, basándose en el artículo 228 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, pidió que se vote en el recinto. Dicho artículo dice que «Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este Reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente».
Pero Fellner puso finalmente a consideración la interpretación del oficialismo. De tal manera, la oposición necesitó los 2/3 de los presentes para aprobar la nulidad del decreto que veta parcialmente a dos artículos de la ley de Reforma Política.
«Presidencia interpreta que no hay ninguna discusión», dijo Fellner, y Carrió respondió prometiendo la impugnación ante la Justicia de la decisión de la Presidencia.
La historia del veto
Al promulgar la ley de reforma política, Cristina Fernández de Kirchner observó 2 artículos de la norma, que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de algunas de las condiciones que se les exige a los partidos políticos para conseguir su personería y poder competir en las presidenciales de 2011.
Lejos de ser un error de los legisladores, la fecha había surgido de las negociaciones que se desarrollaron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Fue una concesión de los diputados del Frente para la Victoria para seducir a los partidos de centroizquierda.
La fecha intentaba demostrar que los partidos chicos no tendrían restricciones en la próxima elección presidencial. Con el veto parcial, la Presidenta no sólo desautorizó a sus propios legisladores y demostró lo difícil que le resulta al kirchnerismo cumplir sus promesas, sino que además puso en evidencia la manera en que piensa relacionarse con un Congreso dominado por la oposición.
El veto de Cristina Fernández alcanzó a los artículos 107 y 108 de la ley. En el primero, los legisladores habían definido que recién en 2012 comenzaría a regir la exigencia de contar con el 4 por mil de afiliados para que un partido político obtenga la personería nacional. En el 108 se definió que a partir de esa fecha aquellos que no se ajustaran a la demanda no podrían presentar candidaturas a cargos electivos, ni en elecciones primarias, ni en elecciones nacionales.
La fecha fue una de las 50 modificaciones que se le introdujeron al proyecto en la Cámara baja. Modificaciones que nunca se hacen al margen de la opinión de la Casa Rosada
Para justificar la modificación, en los considerandos del decreto se afirma que fijar el 31 de diciembre de 2011 como fecha para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones «contradice el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas directamente relacionadas con la mejora de la representación política y fundamentales para ordenar el universo de actores políticos».
Es que si se ratificaran esos plazos, es decir, si no mediara la corrección, los cambios recién tendrían efecto en las elecciones legislativas de 2013 y no en las presidenciales de 2011, como pretende el Gobierno.
La modificación, por decreto, de la ley de reforma política generó malestar en los partidos minoritarios, que consideraron que busca «allanar el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales», al tiempo que aseguraron que «priva de representación a millones de argentinos» y «fuerza la muerte súbita» de algunos partidos políticos.
La reforma política sancionada el año pasado establece el sistema de elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para seleccionar a los candidatos a presidente, senador y diputado.
La ley prohíbe además el aporte financiero de empresas en las campañas y la propaganda privada en los medios audiovisuales, y fija restricciones para la difusión de encuestas de intención de voto, entre otras cosas.
Establece, asimismo, que para participar en los comicios generales los candidatos deberán superar el 1,5% de los votos emitidos en las elecciones primarias, que se celebrarán el 2do. domingo de agosto de los años electorales. El 14 de agosto de 2011 se harán por primera vez.
Entre otros cambios importantes, la ley establece que para conservar su personería los partidos políticos deberán mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados.
No pudieron rechazar el veto parcial presidencial a la reforma política
El Litoral
18 de marzo 2010
La oposición no consiguió los votos para rechazar el veto parcial presidencial a la Ley de Reforma Política, aunque un sector advirtió que recurrirá a la justicia al plantear discrepancias a la interpretación constitucional y reglamentaria para definir la votación que aplicó esta madrugada el presidente de la Cámara baja, el kirchnerista jujeño Eduardo Fellner.
Luego de tres horas y media de debate que giró sobre distintas interpretaciones constitucionales y reglamentarias del funcionamiento interno de la Cámara, Fellner definió que para rechazar el veto parcial se necesitaban dos tercios de los votos de los diputados presentes.
Ante esta situación, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que impugnará ante la justicia la decisión.
La oposición sólo cosechó 142 votos por el rechazo (16 menos de los necesarios para alcanzar los dos tercios ya que en el recinto había 238 diputados sentados), contra 95 del oficialismo a favor del veto y una sola abstención.
Los argumentos fueron de uno y otro lado de distinta índole, donde el oficialismo insistió en forma permanente sobre que se trataba de un veto por lo cual se precisaban dos tercios para rechazar por mayoría simple una ley que precisó a fines del año pasado de una mayoría calificada (de 129 votos por tratarse de una reforma del Código Electoral norma electoral).
El veto presidencial fue sobre la fecha de vigencia de la ley (ya que en la versión aprobada empezaba a regir en diciembre de 2011, es decir después de la elección presidencial) y con ese cambio obligaría a los partidos políticos a dirimir sus candidatos en internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los comicios venideros.
Entre los oficialistas que defendieron esos argumentos estuvieron el riojano Jorge Yoma, el bonaerense Jorge Landau y el santafesino Agustín Rossi.
Mientras, la oposición interpretó que no era un veto sino una promulgación parcial de una ley, por lo cual debía ser tratado como un decreto, por lo cual si se contaba, como ocurrió, con un dictamen de comisión, solo era necesario una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).
En esa línea estuvieron desde los sectores anti-K más duros hasta aliados u opositores más cercanos al oficialismo, como Proyecto Sur y sus aliados del interbloque de centroizquierda así como la bancada Nuevo Encuentro Popular y Solidario, que preside el ex intendente de Morón Martín Sabbatella.
Durante el debate, Sabbatella, aliado K, fue esta vez en contra del oficialismo al apuntar que los cambios efectuados a la ley votada antes del recambio parlamentario í¢â‚¬Å“lesiona la calidad democrática, tanto para las fuerzas políticas que tenemos vocación de mayoría y vocación de gobernar, como también a las fuerzas que nacen con vocación de representar a minorías, que el sistema político tiene que respetarí¢â‚¬Â.
La presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, señaló que el proyecto que dio origen a la ley de reforma política fue producto de í¢â‚¬Å“acuerdos parlamentariosí¢â‚¬Â y acusó al gobierno de no respetarlo luego.
El veto parcial presidencial es cuestionado por los partidos más chicos que encuentra complicaciones a la hora de cumplir los plazos para actualizar sus afiliados.
Al respaldar la decisión presidencial, el kirchnerista Landau afirmó que la normativa y sus cambios buscan í¢â‚¬Å“partidos fuertes, partidos con genteí¢â‚¬Â y acotó que í¢â‚¬Å“las observaciones parciales no afectan la unicidad y la aplicación completa de esta leyí¢â‚¬Â.
A su turno, Rossi negó que el oficialismo haya violado algún acuerdo político y aseguró que, en cambio, al proyecto inicial se le hicieron cambios sugeridos por partidos que luego no lo acompañaron en el recinto.
Diputados: la oposición fracasó en su intento de rechazar el veto a la ley de Reforma Política
Telam
18 de marzo 2010
La oposición fracasó en las primeras horas de hoy en la Cámara de Diputados en su intento de rechazar el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley de Reforma Política, al no alcanzar los dos tercios de los votos de los legisladores presentes requeridos para ese propósito.
Tras más de dos horas de debate sobre la mayoría necesaria para rechazar el veto, el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, hizo uso de la facultad de interpretación que le otorga el reglamento y dictaminó que se requerían dos tercios.
La oposición, que consideraba suficiente la mayoría simple, accedió a la resolución de Fellner pero anticipó que recurrirá a la Justicia para cuestionarla.
Luego, la votación arrojó 142 votos para la oposición, 95 para el oficialismo y una abstención. Los dos tercios requerían 160 votos.
Así, la Cámara de Diputados no pudo rechazar el veto parcial del Poder Ejecutivo que anuló la postergación hasta diciembre de 2011 de la puesta en vigencia de algunos aspectos de la norma.
El decreto 2004/09 vetó los artículos 107 y 108 de la reforma política, que indicaban que las nuevas exigencias para que los partidos obtuvieran o mantuvieran su reconocimiento legal se aplicarían sólo a partir de 2012, es decir, después de las elecciones presidenciales.
En los fundamentos del decreto se sostenía que «esos artículos contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas que están directamente relacionadas con la mejora de la representación política y se consideran fundamentales para ordenar el universo de actores políticos».
El cambio introducido por el Poder Ejecutivo dejó sin efecto algunas de las modificaciones al proyecto que habían surgido de las negociaciones con bloques minoritarios durante el tratamiento en las comisiones.
«La idea del Poder Ejecutivo es que toda la ley comenzara a regir en el mismo momento, y no dos artículos en forma diferida», justificó el presidente del bloque del Frente para la Victoria , Agustín Rossi, para adelantar el voto negativo de su bancada.
Por otra parte, la oposición consiguió esta madrugada que el cuerpo rechazara el DNU 2010/09, de creación del Fondo del Bicentenario, en una votación en la que el oficialismo se abstuvo por considerar que a aquel decreto ya había sido derogado por el propio Ejecutivo.
Con 131 votos a favor y 52 abstenciones, el plenario de la Cámara Baja rechazó el decreto 2010, del 14 de diciembre de 2009, posteriormente derogado por el DNU 296 del 1 de marzo pasado.
Para justificar la abstención kirchnerista, el diputado Jorge Landau señaló que «la discusión del decreto 2010 es nula porque el mismo ya fue derogado por la propia presidenta al dictar el DNU 296».
Desde la oposición, las diferentes voces que participaron del debate señalaron en coincidir que «es válida la derogación del decreto 2010 porque tiene el mismo objeto que los decretos que le sucedieron, es decir el uso de reservas para pagar deuda externa».
El radical Ricardo Alfonsín manifestó que «el DNU resulta inconstitucional por no darse las condiciones o no reunir los requisitos que establece la Constitución para habilitar al PEN a tomar decisiones que corresponden al Parlamento».
También se aprobó en las primeras horas de hoy por unanimidad su solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Haití y de Chile, por los terremotos sufridos respectivamente el 12 de enero y el 27 de febrero pasados.
Los legisladores acordaron unánimemente manifestar su pesar por esos acontecimientos en sendos proyectos de ley que unificaron las iniciativas de diputados de las diferentes bancadas.
Además, la Cámara Baja aprobó la designación del misionero Ramón Puerta (peronista federal) como vicepresidente tercero del cuerpo, completando así la grilla de autoridades que se había comenzado a votar en diciembre pasado.
También se realizaron homenajes al ex diputado nacional Genaro Collantes (Frente Cívico y Social), fallecido en diciembre último; y al ex gobernador de Neuquén Felipe Sapag, muerto esta semana.
Sobre este último, el diputado José Brillo, del Movimiento Popular Neuquino, fundado por Sapag, dijo en el recinto que «me toca referirme al fundador del partido provincial más grande del país, porque se trata de quien fue cinco veces gobernador de nuestra provincia, porque sus pensamientos, plasmados en políticas públicas, transformaron y forjaron nuestra provincia del Neuquén».
El Senado deberá resolver los vetos a la reforma política
Laura Serra
La Nación
22 de marzo de 2010
Luego de quedar estancada en un laberinto de interpretaciones jurídicas cruzadas en la Cámara de Diputados, el futuro de la ley de reforma política queda en manos, ahora, del Senado. Será esa Cámara la que deberá resolver si acepta o no los vetos parciales que, en diciembre pasado, impuso la presidenta Cristina de Kirchner y que, en mayor medida, afectan a los partidos políticos minoritarios.
La ley de reforma política, aprobada el año pasado, fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo en dos artículos clave, el 107 y el 108, al eliminar así el plazo de dos años que el Congreso había establecido para que los partidos políticos se adaptaran a los requisitos contenidos en la norma. Entre éstos, está el número de afiliados que deben reunir para obtener el reconocimiento definitivo de la Justicia. La ley postergaba hasta 2012 -es decir, después de las elecciones presidenciales- el cumplimiento de estos requisitos, lo que les daba cierto oxígeno a los partidos políticos en formación.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición intentó rechazar los vetos. A la ofensiva se sumaron, incluso, bloques aliados al Gobierno, como Nuevo Encuentro, presidido por el diputado Martín Sabbatella. Después de más de un intenso debate, finalmente la oposición se impuso por 142 votos a 95 oficialistas. Para la oposición, el objetivo estaba cumplido, pero el kirchnerismo advirtió que se necesitaban los dos tercios de los votos, ya que ésa es la mayoría que exige la Constitución Nacional para que el Congreso pueda rechazar un veto presidencial e insistir en la ley original.
Sin embargo, para la oposición basta la mayoría simple de votos, ya que no se trata de un veto total, sino de la promulgación parcial de una ley. Los opositores consideraron que como los vetos parciales atentaban contra el espíritu de la ley de reforma política, el Poder Ejecutivo violaba el artículo 80 de la Constitución Nacional. Así lo reflejaron en el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en diciembre pasado, el cual, aducen, no requiere de una mayoría agravada para su aprobación.
«La ley difería hasta diciembre de 2011 el cumplimiento de las exigencias a los partidos políticos; ése fue el acuerdo político al que arribaron oficialismo y oposición en el Congreso; por lo tanto, forma parte del espíritu de la norma. El Poder Ejecutivo, al vetar esos artículos, violó el espíritu de la ley; por lo tanto, no cumplió con los requisitos que plantea el artículo 80 de la Constitución Nacional para vetar parcialmente una ley», argumentó la diputada Marcela Rodríguez.
El oficialismo, en la voz del diputado Jorge Yoma, rechazó los argumentos opositores. «Lo que está en consideración del Congreso son los artículos observados, y para que el Congreso pueda hacer valer su mayoría con la insistencia, requiere los dos tercios, si no, queda confirmado el veto parcial.»
Después de horas de intensa discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Eduardo Fellner, impuso el criterio de la votación: dos tercios de los votos. La oposición, en la voz de Elisa Carrió (Coalición Cívica), enfatizó que Fellner no tenía la autoridad para definir esta situación y amenazó con acudir a la Justicia.
La votación arrojó una diferencia favorable a la oposición, pero el problema no quedó resuelto. Será el Senado, ahora, el que definirá el futuro de la ley.