Un nuevo universo partidario

La reciente reforma electoral presentada por el gobierno producirá importantes cambios en el universo polí­tico de los partidos polí­ticos argentinos. Con más de 700 organizaciones, la nueva norma hará más complejo el proceso para obtener y mantener la personerí­a jurí­dico polí­tica. A pesar de que a primera vista la medida pareciera entorpecer el quehacer democrático, podrí­a tener efectos positivos en el fuertemente fragmentado escenario polí­tico. Por Hugo Passarello Luna

El pasado 3 de diciembre de 2009 el Senado aprobó, en tiempo record, la reforma electoral modificando ligeramente la fisonomí­a del sistema electoral argentino sin permitir alteraciones profundas al proceso electoral general. Por ejemplo no se menciona el muy mentado voto electrónico, la boleta única, las observaciones electorales independientes, la redefinición de las funciones de los organismos electorales o la creación de un ente autárquico y especializado, como es el caso del Instituto Federal Electoral en México, que reemplace a la actual Dirección Nacional Electoral (dentro del ámbito del Ministerio del Interior) .

La ley fue presentada apenas unas semanas antes por la presidente Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de adelantarse a la asunción de los nuevos legisladores el 10 de diciembre, fecha en la que se recomponí­a el balance de poderes dentro de la Asamblea, poniendo en minorí­a al oficialismo. A pesar de contar con la mayorí­a, el gobierno enfrentó una fuerte negociación en la Cámara de Diputados con los partidos de la oposición que obligaron a modificar 50 puntos del proyecto.

En este articulo nos enfocaremos en los cambios que impone la reforma sobre la organización de los partidos polí­ticos y como afectan positivamente el actual universo partidario, a pesar de las fuertes crí­ticas provenientes de algunas agrupaciones.

Organización de los partidos polí­ticos

Por lejos este fue el punto que obligó a los representantes del oficialismo a sentarse a negociar con sus pares de la oposición. La reforma emprende transformaciones crí­ticas en el universo partidario argentino, siendo su principal objetivo reducir la fragmentación de las agrupaciones: Argentina tiene más de 713 partidos polí­ticos, de los cuales 34 operan en el orden nacional.

Uno de los artí­culos más controversiales, el número 16, mantiene y refuerza un requisito de la legislación anterior: un partido debe obtener por lo menos dos por ciento de los votos validos en dos elecciones nacionales consecutivas para que no caduque su condición como organización polí­tica. Dado los resultados de los comicios del 2007 y 2009, alrededor de 89 partidos estarí­an sujetos a perder el reconocimiento de su personerí­a jurí­dico polí­tica.

Si la norma se aplicara, estos partidos estarí­an obligados a volver a solicitar la personerí­a jurí­dica, de acuerdo a los requisitos previstos, los cuales fueron ligeramente cambiados con la reforma haciendo el proceso menos asequible y así­ evitar la proliferación de organizaciones. A priori, la medida puede ser el objeto de reproches, en particular cuan democrático es instalar un umbral electoral dado que afectan a los partidos con un caudal de votos y afiliados relativamente pequeí±o, en su mayorí­a agrupaciones a la izquierda del espectro polí­tico, mientras que fortalece la posición de partidos con estructuras consolidadas, como es el caso de la Unión Cí­vica Radical y el Partido Justicialista (por ello la acusación que la reforma busca institucionalizar un sistema bipartidista).

Sin embargo, este tipo de exigencia podrí­a forzar a reordenar el universo polí­tico argentino y reducir la aguda atomización partidaria. En particular los pequeí±os partidos de izquierda podrí­an beneficiarse ampliamente si unieran esfuerzos, superando sus diferencias, en su general triviales. Si tomamos los resultados en la Ciudad de Buenos Aires de las recientes elecciones legislativas, en junio de 2009, para la Cámara de Diputados, los partidos de izquierda obtuvieron en conjunto el 6,12 por ciento de los votos válidos (ver tabla 1). Ese número se hubiera traducido directamente en un escaí±o en la Cámara Baja. En su lugar, las agrupaciones decidieron presentar candidatos por separado y, como resultado,  ninguno logró ser electo. El Partido Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, que obtuvo la mayor cantidad de votos (alrededor del dos por ciento) no alcanzó franquear la barrera del tres por ciento que establece la ley para ingresar al cálculo del sistema D´Hondt, por medio del cual se asignan los escaí±os.

En esta hipotética alianza no se incluyeron tres partidos que pueden también ser considerados (salvando las distancias y con reservas) como posibles aliados de una coalición de izquierda. Estos son Proyecto Sur, que cosechó un impresionante 24 por ciento bajo el liderazgo de Pino Solanas; Diálogo por la Ciudad, tres por ciento; e Iniciativa Verde por Buenos Aires, con un escaso 0,45 por ciento. Es evidente que los resultados hubieran sido dramáticamente diferentes de haber existido una unión de izquierda.

Por supuesto las discrepancias dentro del sector hacen que la unión sea difí­cil y a veces imposible. En la última elección se consiguió formar una sola alianza, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Anticapitalista (formado por el Movimiento al Socialismo, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y la Izquierda Socialista). Otros grupos no participaron a pesar que sus plataformas electorales eran muy similares, como fue el caso del Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). El desacuerdo surgió porque el MST brindó apoyo al reclamo del sector agropecuario, canalizado por la Mesa de Enlace Agropecuaria (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO) contra la resolución 125/08.

Esta situación no es nueva. Históricamente nunca se logró formar una amplia coalición de izquierda debido a las diferencias pero más aun por la facilidad (y falta de aplicación) de los requisitos para constituir y mantener partidos polí­ticos, permitiendo a cada grupo a salir por su lado y llevando a que Argentina tengas las 700 organizaciones actuales. Las nuevas pautas, aprobadas por el Congreso, harí­an necesaria la asociación de los pequeí±os partidos que representan facciones de un mismo sector ideológico.

Por otro lado, la reforma agrega un cambio importante a la estructura partidaria: la obligación de los partidos de demostrar cada aí±o un número mí­nimo de afiliados, establecido en cuatro por mil en cada distrito de acción para mantener su personerí­a. A pesar de que el umbral es modesto, el acuerdo inicial alcanzado en el Congreso fue postergar las nuevas exigencias para después de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2011. Así­ los partidos nuevos pero crecientes y aquellos con menos recursos tendrí­an un mayor margen de maniobra para intentar cumplir y demostrar su representatividad del electorado. El veto de la presidente Fernández de Kirchner a la prórroga vuelca la balanza contra estas agrupaciones. El plazo presente para completar el proceso y asegurarse un lugar en las elecciones de 2011 es exiguo, poniendo en duros aprietos a varios partidos, y más aun socavando el rol deliberativo y representativo del Congreso, como ha ocurrido varias veces en la historia argentina. Pero como lo demostró el Ejecutivo nacional al adelantar cuatro meses  las elecciones en 2009 por razones poco claras, por no decir de conveniencia polí­tica, no hay un interés genuino en aplicar imparcialmente las reglas. Un punto básico para el buen funcionamiento de la democracia: el reloj electoral debe funcionar siempre independientemente del de la polí­tica.

Tabla 1

Elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 : Resultados para la Ciudad de Buenos Aires