La larga espera por resultados electorales definitivos en Argentina: í‚¿Se puede acortar?

En Argentina la espera por los resultados totales (de todas las mesas) definitivos suele ser
considerablemente larga. Por ejemplo, los resultados finales de las elecciones generales de 2007 no estuvieron disponibles en la web del Ministerio del Interior hasta mediados de 2008 y el informe oficial emitido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) no se publicó en la web hasta principios de 2009. La experiencia española como posible alternativa para Argentina. Por Manuel Alvarez Rivera


Manuel Alvarez Rivera es el autor de las webs
y ; ésta última trata sobre sobre los sistemas
electorales de diversos paí­ses del mundo, entre ellos Argentina. El Sr.
Alvarez Rivera fue webmaster de la Comisión Estatal de Elecciones de
Puerto Rico, y también escribe sobre eventos electorales en su blog de
recursoselectorales.org y en globaleconomydoesmatter.blogspot.com.

Al igual que en otros paí­ses de las Américas y del resto del mundo, los
organismos gubernamentales en Argentina utilizan desde hace varios años la
red Internet para divulgar los resultados de los eventos electorales
celebrados en el paí­s; como norma general, las cifras provisorias de las
consultas electorales suelen estar disponibles a partir de la misma noche
del dí­a del evento.
Sin embargo, la espera por los totales definitivos suele ser
considerablemente más larga. A manera de ejemplo, los resultados finales
de las elecciones generales de 2007 no estuvieron disponibles en la web
del Ministerio del Interior hasta mediados de 2008, y el informe oficial
emitido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) – que en algunos casos
difiere de los datos suministrados por el Ministerio del Interior – no se
publicó en la web hasta principios de 2009, apenas cuatro meses antes de
las elecciones legislativas del próximo 28 de junio.
La disponibilidad de totales definitivos reviste de particular importancia
en Argentina, toda vez que las cifras provisorias de las elecciones
nacionales rara vez suelen incluir los resultados de la totalidad de las
mesas; es decir, se trata de cifras incompletas. Más aún, la regla
D’Hondt utilizada para el reparto de escaños en la Cámara de Diputados es
en ocasiones sumamente sensible a pequeñas variaciones en los resultados,
toda vez que las mismas pueden alterar los cocientes utilizados para la
asignación de escaños entre listas, aún en casos en donde exista una
diferencia sustancial de votos. A manera de ejemplo citamos las
elecciones autónomicas celebradas hace poco más de tres meses en las
regiones españolas de Galicia y el Paí­s Vasco (donde también se utiliza la
regla D’Hondt): en ambos casos, el escrutinio definitivo modificó el
reparto preliminar de escaños en las legislaturas de una y otra comunidad
autónoma.
De hecho, en contraste con Argentina los resultados definitivos de las
elecciones generales celebradas en España en marzo de 2008 (así­ como de
las referidas consultas autónomicas vasca y gallega de 2009) estuvieron
disponibles transcurrido un mes de celebrados dichos eventos. Aunque
Argentina y España cuentan con sistemas polí­ticos diferentes – república
presidencial y monarquia parlamentaria, respectivamente – ambos paí­ses
tuvieron una transición a la democracia tras respectivos periodos de
gobierno dictatorial – Argentina en 1983, España en 1976-77 – y los
sistemas electorales utilizados en la actualidad para escoger a los
miembros de sus respectivas legislaturas bicamerales son sumamente
parecidos. En particular, el sistema para las elecciones de diputados
nacionales en los dos paí­ses es prácticamente el mismo: regla D’Hondt
aplicada a nivel de provincia entre listas bloqueadas y cerradas que
superen la barrera de tres por ciento (del padrón electoral en Argentina,
de los votos a candidatura y en blanco en España); para las elecciones
senatoriales tanto Argentina como España utilizan el voto limitado o lista
incompleta a nivel de provincia, pero en el caso de España con lista
abierta y con circunscripciones insulares en Baleares y en Canarias.
Ahora bien, la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General (L.O.R.E.G.)
de España – que
entró en vigor en 1985 – dispone en su Artí­culo 108.6 que la Junta
Electoral Central «en el perí­odo de cuarenta dí­as, procederá a la
publicación en el «Boletí­n Oficial del Estado» de los resultados generales
y por circunscripciones, sin perjuicio de los recursos
contencioso-electorales contra la proclamación de electos.» A su vez,
estos resultados se pueden acceder por medio de Internet desde la web del
BOE, y posteriormente en la base de datos electorales disponible en la web
del Ministerio del Interior.
En cambio, el Código Electoral Nacional (CEN) de Argentina no incluye una
disposición comparable al Art. 108.6 de la L.O.R.E.G.; en este sentido, el
CEN se asemeja al Real Decreto-Ley 20/1977, que hizo las veces de ley electoral de España
hasta que fuera suplantado por la L.O.R.E.G. El referido decreto-ley no
obligaba a las autoridades de la España de la transición a publicar
resultados oficiales, lo cual dio paso al estado de cosas descrito de
manera muy acertada por el Dr. Miguel Martí­nez Cuadrado, catedrático,
politólogo y parlamentario español en «Guí­a Electoral – La Gran Ocasión de
1986:»
«El proceso electoral sigue adoleciendo en España de lentitud en su
tramitación formal, legal y material. […] Las consecuencias son, en
resumen, datos iniciales o estimaciones gubernamentales o de órganos
ejecutivos, interpretaciones periodí­sticas de los mismos, fuentes legales
de las juntas provinciales o de comunidad autónoma, fuentes de la Junta
Electoral Central, datos estadí­sticos oficiosos, pero sin fuerza legal,
reinterpretación periodí­stica, análisis de expertos, análisis académicos,
posacadémicos, y una larga glosa que no suele preocuparse del largo
proceso a posteriori; proceso que en algunos casos, ha tardado años en
producirse…»
Las palabras del Dr. Martí­nez Cuadrado muy bien podrí­an aplicarse a la
Argentina del presente. Dicho esto, la situación de Argentina en lo
tocante a la divulgación de resultados electorales oficiales también se da
en otros paí­ses de las Américas. En Puerto Rico, la ley electoral vigente
guarda silencio sobre la publicación de los resultados oficiales, asunto
que tramita administrativamente el organismo electoral de la Isla, la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE) – y con suma lentitud, debe
señalarse: en particular, el informe oficial de los resultados de las
elecciones de 2004 no salió hasta unos dos meses antes de las siguientes
elecciones generales, celebradas en noviembre de 2008. No obstante, desde
el año 2000 la CEE publica por Internet los resultados de los escrutinios
de eventos electorales, usualmente según se van llevando a cabo hasta su
conclusión; de esta manera, se pueden consultar las cifras definitivas al
mes y medio de celebradas las elecciones, sin tener que esperar por la
publicación del informe oficial.
Por cierto, tanto el CEN de Argentina como el derogado R.D.-L. 20/1977 y
la L.O.R.E.G. de España, así­ como la Ley Electoral de Puerto Rico cuentan
con disposiciones que gobiernan la celebración de escrutinios generales,
pero dichas disposiciones de por sí­ no comprometen a las autoridades a
publicar resultados definitivos en un plazo de tiempo. En el caso de
España, previo a la entrada en vigor de la L.O.R.E.G., el Real
Decreto 2322/1983
procuró subsanar la deficiencia en la normativa
vigente al requerir la publicación en los Boletines Oficiales de los
resultados finales de elecciones «con carácter de resultados oficiales
definitivos.»
En otros artí­culos publicados en esta web se ha planteado la necesidad de
llevar a cabo una reforma electoral en Argentina; en vista de lo
anteriormente expuesto, dicha reforma serí­a la oportunidad perfecta para
atender el asunto de la publicación de resultados electorales finales y
oficiales dentro de un espacio razonable de tiempo.
Por Manuel Alvarez Rivera
Nací­o en Mayagí¼ez, Puerto Rico, en 1966. í‚ Se graduó de la
Universidad de Puerto Rico en Mayagí¼ez en 1988 con un
bachillerato en Matemáticas, y cursé estudios adicionales
en Ciencias Polí­ticas en la Universidad de Pittsburgh. í‚ Allí­,
comencé a trabajar para el University Center for Social and
Urban Research (UCSUR) en 1992, donde eventualmente me
convertí­ en analista de sistemas.

Con el advenimiento de la Web, inicié en 1995 la publicación
de dos páginas electorales, "Elecciones en Puerto Rico" y
"Recursos Electorales en la Internet", disponibles en
eleccionespuertorico.org y recursoselectorales.org,
respectivamente. í‚ Mi labor en estas páginas le llamó la
atención a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto
Rico, y en 1999 me fui de UCSUR y regresé a mi paí­s para
trabajar para la Comisión como webmaster de la agencia,
donde desarrollé de manera extensa su página en Internet.
Durante los años en que estuve a cargo de la web de la
Comisión, la misma era presentada por la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP) del Gobierno de Puerto Rico
como modelo a seguir por otras agencias gubernamentales.

En 2003 me fui de la Comisión, y al año siguiente realicé un
trabajo de consultorí­a para Univisión de Puerto Rico. í‚ También
he estado laborando en el desarrollo y ampliación de mis webs,
en particular recursoselectorales.org, página de orientación
internacional que cuenta ahora con secciones que cubren los
sistemas electorales de prácticamente todos los paí­ses de Europa
occidental, un número creciente de paí­ses de Europa oriental, la
"vieja" Mancomunidad Británica (Canadá, Australia, Nueva Zelanda
y Sudáfrica), Turquí­a, Japón, EE.UU., Israel, así­ como Argentina,
Brasil, Chile, y México en América Latina. í‚ Además, he cubierto
eventos electorales en otros paí­ses en mi blog, "Panorama Electoral"
recursoselectorales.org/panorama, el cual publico desde 2006, así­
como en "Global Economy Matters" globaleconomydoesmatter.blogspot.com,
donde vengo colaborando desde su fundación en 2007.

En 2008 colaboré con el Dr. Fernando Bayrón Toro en su nuevo
libro, "Historia de las Elecciones y los Partidos Polí­ticos
de Puerto Rico," que combinó y actualizó extensamente varias
obras previas del Dr. Bayrón en torno a la polí­tica electoral
puertorriqueña.


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