Viejos y eternos desafí­os ante el financiamiento polí­tico

La Fundación Poder Ciudadano colaboró con una columna sobre los desafí­os que presentan el financiamiento de los partidos politicos en Argentina. Pablo Secchi comenta dos de ellos: la equidad y la transparencia en la contienda electoral. Por Pablo Secchi.


Pablo Secchi es Licenciado en Ciencia Polí­tca por la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Es candidato a la Maestrí­a de Ciencia Polí­tica de la Univercidad Nacional de San Martí­n, Buenos Aires.
Frente a un nuevo proceso electoral surgen viejos y eternos desafí­os. Dos de ellos esenciales para la competencia, como son la equidad y la transparencia en la contienda electoral. Esto significa que todos los partidos deben tener las mismas oportunidades a la hora de presentarse ante los votantes y que todos los ciudadanos podamos conocer cómo financiaron sus campañas los partidos y en qué invirtieron su dinero.
La legislación prevé tiempos para comenzar y terminar la campaña que, en el caso de la próxima elección, dado que es legislativa, puede iniciarse 60 dí­as antes de los comicios. El lector se preguntará entonces cómo puede ser que al momento de escribir estas lí­neas observemos en calles, transportes y medios de comunicación, publicidades de candidatos. Sucede que el código electoral apunta que í¢â‚¬Å“los candidatos oficializadosí¢â‚¬Â no pueden hacer campaña antes de ese perí­odo, pero sin embargo no hay candidatos oficializados sin la oficialización de las candidaturas. Esta oficialización se puede hacer hasta 50 dí­as antes de las elecciones, por lo cual tenemos candidatos que no lo son (pero lo serán) y que llevan adelante campañas sin mencionar que buscan la representación de los ciudadanos en las próximas elecciones.
La balanza en este caso lejos está de indicar el punto de equidad. Partidos y candidatos con el dinero suficiente pueden comenzar una campaña cuando quieran, teniendo ciertos cuidados, permitido mágicamente por la redacción legislativa.
En relación a la transparencia nuestro paí­s avanzó mucho durante las últimas elecciones. La ley de financiamiento de partidos polí­ticos (siempre mejorable) contiene una gran cantidad de elementos que buscan transparentar el uso del dinero en la campaña. Es por esto que esperamos que los partidos presenten, en tiempo y forma, los informes previos y finales de campaña; que los donantes sean socialmente responsables al respetar las restricciones que tienen a la hora de aportar a las campañas; que la justicia electoral publique 10 dí­as antes de las elecciones los informes previos y especialmente, que se lleve adelante un control exhaustivo sobre la información que se publica en esos documentos. Más información es más transparencia.
Al hablar de equidad y transparencia en la competencia tenemos que hablar de un actor que a pesar de su gran tamaño logra esconderse con facilidad. Es el donante oculto, el dinero público en la campaña. La utilización de recursos públicos para financiar campañas electorales es una constante que no encuentra escollos para lograr sus objetivos. Especialmente si se observan irregularidades y no se sanciona ni legisla en la materia. Lo vimos durante la última elección presidencial donde la utilización del canal estatal, las productoras televisivas del gobierno, los medios de transporte de Presidencia de la Nación y la agenda del gobierno se puso a disposición de uno de los candidatos. Millones de pesos, demostrados uno por uno por Poder Ciudadano, que el estado puso a disposición de una candidatura. Pero no se dieron por enterados ni la justicia para castigar, ni el congreso para legislar una limitación a ese abuso.
Ahora nos encontramos en una nueva campaña en la cual observamos, a través del canal oficial, discursos en directo del presidente de un partido polí­tico y viajes en transportes oficiales a actos partidarios. í‚¿Por qué serí­a de otra forma? í‚¿Qué incentivos tienen para no hacerlo? Al fin y al cabo utilizaron recursos de todos lo argentinos en 2007 y nada cambió desde ese entonces.
Seguiremos pataleando desde la sociedad civil para que esto se regule, como pataleamos alguna vez para lograr obtener información sobre el financiamiento de las campañas y lo logramos.
Tenemos un gran desafí­o por delante, dos meses de duro trabajo en el cual observar el accionar de partidos y candidatos es nuestro camino. Que nos informen en forma transparente quienes financian cada una de las campañas es nuestra obsesión. Que no se utilicen fondos públicos para beneficiar a determinados candidatos es nuestra misión (por ahora imposible). E informarnos para votar con responsabilidad es nuestra obligación.
Pablo Secchi: En el año 2003 se incorporó como voluntario a la Fundación Poder Ciudadano y luego se desempeñó como Asistente de investigación en los Proyectos í¢â‚¬Å“Global Accessí¢â‚¬Â para el Centro para la Integridad Pública (Washington DC), y el caso argentino para el proyecto regional í¢â‚¬Å“Monitoreo de Transparencia en Financiamiento Polí­tico en Paí­ses de América Latinaí¢â‚¬Â para Transparencia Internacional y el Carter Center.
Participó de congresos y conferencias nacionales e internacionales, dictando diversos cursos sobre monitoreo de instituciones legislativas, reforma polí­tica, procesos electorales y transparencia en el financiamiento de los partidos polí­ticos. Desde 2007 es Director del írea de Instituciones Polí­ticas y Gobierno de la Fundación Poder Ciudadano, capí­tulo argentino de Transparencia Internacional.
Desde allí­ desarrolla acciones y herramientas para mejorar la calidad de la representación polí­tica y la transparencia en la administración del Estado. Promueve que los ciudadanos incidan en la definición de polí­ticas públicas y contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Sus focos de acción son los partidos polí­ticos, la transparencia de las elecciones – incluido el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, el Congreso de la nación y el Poder Ejecutivo.
Busca transferir sus acciones y herramientas a otras organizaciones e instituciones democráticas en los niveles subnacionales de gobierno.


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