Voto electrónico

La necesidad de contar con resultados electorales rápidos y transparentes suelen ser motivos que impulsan a la búsqueda de incorporación de nuevas tecnologías en las distintas fases del proceso electoral; por ejemplo del voto electrónico. La especialista en implementación de Políticas Publicas, María Inés Tula, en un artículo para la red Espacios Políticos, nos deja su impresión sobre los siete requisitos necesarios para su adopción.


El voto electrónico. Siete requisitos para su adopción
María Inés Tula
Directora del Área de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y coordinadora del libro Voto Electrónico, Ariel-CIPPEC (2005).
Cuando se habla de voto electrónico se hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías en las distintas fases del proceso electoral. Es decir, se trata de un cambio en la formas tradicionales de votación que involucra a todo el proceso electoral y no sólo al acto de votar con “máquinas” o “urnas electrónicas” el día de los comicios.
Algunas de las preguntas que generalmente se formulan cuando se habla de voto electrónico son: ¿en qué países se usa y por qué?, ¿qué ventajas y desventajas posee su aplicación? Si bien el riesgo de generalizar es alto, porque no todos los prototipos de máquina de votación funcionan de igual manera, a grandes rasgos puede señalarse que los beneficios o ventajas del voto electrónico se asocian a los problemas o dificultades que se intentan solucionar con su aplicación.
En primer lugar, la necesidad de contar con resultados electorales rápidos. La velocidad es una ventaja cuando el desconcierto generado por la demora de los resultados electorales se vincula con el fraude y la manipulación de los comicios. En este aspecto, el descreimiento y la desconfianza de las elecciones en algunos países de América Latina tendieron a promover reformas político-electorales que profundizaran cambios, tanto en la organización como en la administración de los comicios.
Segundo, la importancia de fomentar la participación política de los ciudadanos en los países que no tienen votación obligatoria. En Europa, una de las principales preocupaciones, radica en combatir las altas tasas de abstención electoral. De ahí, que se efectúen numerosas pruebas piloto con el objeto de facilitar el voto de sus electores a través de la tecnología.
Tercero, el voto electrónico, considerado como una herramienta útil para la administración de los comicios. Ligado a cuestiones más organizativas, dos de los tres únicos países que poseen máquinas electrónicas de votación para elecciones generales nacionales, Brasil y la India, tienen padrones electorales que superan los cien millones de electores[1].
¿Cuáles son sus críticas más comunes? El aspecto más cuestionado es aquel que se refiere a las garantías de seguridad. Sólo con un control exhaustivo del diseño del software y con mecanismos de auditoría previos y posteriores a las elecciones se estaría en condiciones de disminuir –aunque no de eliminar- una eventual manipulación. La fiscalización durante todo el proceso electoral efectuada por los partidos políticos y el atento monitoreo de las organizaciones civiles, por ejemplo, resulta clave en este punto. La complejidad que adquiere este procedimiento de control requiere de la especialización de sus observadores, que deben ser eficazmente entrenados para detectar fallas, errores o manipulaciones y efectuar los reclamos correspondientes ante el organismo electoral competente.
Siete requisitos básicos para la adopción de sistemas de votación electrónica
A continuación se proponen siete requisitos o condiciones que debieran tenerse presentes en caso de que quienes encaren una reforma política en la Argentina decidan adoptar algún modelo de voto electrónico.
1. Fuerte presencia del Estado como garante del derecho de sufragio y como regulador del proceso de modernización. Cualquiera sea el tipo de voto electrónico a adoptar, el sufragio debe mantener sus características de universal, secreto, libre, igual y directo. Y el Estado debe velar fuertemente por el cumplimiento de cada una de estas premisas. Dadas las características de los distintos tipos de voto electrónico, un mayor énfasis debe ponerse en las garantías de anonimato, privacidad y no coerción: los electores deben votar en total libertad y privacidad, sin que su identidad pueda ser vinculada a su sufragio. El Estado debe asumir un papel fundamental en la regulación normativa de los procesos tecnológicos adoptados.
2. Modernización previa de las primeras fases del proceso electoral. Es altamente recomendable que el cambio del sistema de votación manual por uno de tipo electrónico esté precedido por la modernización en la producción, verificación, y manejo de documentación básica utilizada en el acto electoral. Este proceso facilitará la incorporación gradual de nueva tecnología. Por otra parte, y específicamente para el caso argentino, la conformación de los registros electorales con bases computarizadas permitirá la “limpieza” de éstos, es decir, la actualización permanente de las altas, defunciones y cambios de domicilio y, en consecuencia, terminará con distorsiones tales como los “padrones inflados”.
3. Infraestructura de telecomunicaciones mínima. La introducción del voto electrónico requiere de una infraestructura de telecomunicaciones medianamente desarrollada. En otros términos, el país que lo adopte debe asegurarse previamente los correspondientes canales de interconexión y/o transmisión de la información. Es por ello que, en la mayoría de los países, la aplicación de nuevas tecnologías ha sido un proceso gradual con numerosas pruebas de ensayo. Brasil, por ejemplo, demoró doce años para extender su sistema a escala nacional.
4. Extensa e intensa campaña de difusión pública. La aplicación del voto electrónico debería efectuarse sólo después de una profunda, masiva y temporalmente extendida campaña de concientización ciudadana. Esta capacitación debería estar especialmente enfocada hacia los grupos de electores con mayores dificultades para usar medios informáticos, tales como las personas de edad avanzada, los analfabetos y los no videntes. La omisión de esta tarea significaría ignorar el derecho a la igualdad de oportunidades, y acrecentaría las posibilidades de abrir “una brecha digital” entre los votantes, es decir una división basada en la desigual capacidad de adaptación al uso de nuevas tecnologías.
5- Transparencia. La transparencia del proceso debe estar garantizada mediante el acceso al código fuente del sistema de votación y a los registros de funcionamiento, la obtención de certificados de autenticidad por parte de terceros y la existencia de procedimientos que permitan resolver dudas e impugnaciones manteniendo el carácter secreto del voto. Una licitación para proveer la informatización, sea o no “llave en mano”, debe tener en cuenta un repertorio de requisitos técnicos y someterse a la auditoría y pruebas de calidad por parte de un órgano competente. Para que la auditoría resulte confiable, este órgano competente, debe estar integrado por un cuerpo de reconocidos expertos rigurosamente seleccionados que certifiquen el proceso electoral, antes, durante y después de los comicios.
6. Celo extremo en la confiabilidad, la seguridad, y la exactitud de los resultados. Como ya se ha señalado, entre los problemas más comunes se destacan aquellos relacionados con la “seguridad”. Las normas deben garantizar la fiscalización de las agrupaciones políticas en todo el proceso electoral y el acceso al monitoreo de las organizaciones civiles.
7. Actualización de las normas existentes en materia de seguridad. El vertiginoso desarrollo de la tecnología informática abre las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. Por ello, algunos especialistas sostienen que los sistemas de votación electrónica son muy vulnerables: pueden efectuarse “ataques” no visibles que dirijan intencionalmente los votos al servidor equivocado. Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programación informática es el denominado “Caballo de Troya”, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta dentro de un programa informático. Frente a esta posible situación, ni el votante, ni las autoridades de mesa, están en condiciones de verificar el destino real de los sufragios y, por lo tanto, no existiría garantía alguna hacia la integridad de los votos.
En tal sentido, resulta imprescindible que las leyes acompañen el proceso de modernización, se adapten a los nuevos requerimientos tecnológicos y, de ese modo, se prevengan los delitos informáticos. La reforma legislativa no sólo debiera alcanzar a los marcos reguladores en los órganos pertinentes, sino también sentar las bases para la creación de mecanismos de control y seguimiento, así como también establecer un régimen eficaz de sanciones.
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[1]El tercero es Venezuela, con once millones de electores. Los motivos por los cuales Venezuela incorpora el voto electrónico, se asocian más al primer aspecto que al último. El caso de los Estados Unidos es diferente. La organización de las elecciones no es responsabilidad del gobierno federal sino de cada Estado, y dentro de cada uno de ellos, estas tareas pueden ser llevadas adelante por los Condados. En consecuencia, cada Estado puede tener diferentes formas de votación en cada uno de sus Condados.