Se conoció un informe sobre los gastos de las campañas de 2007

Según el informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sobre la base de los datos aportados por los propios candidatos, el binomio Fernández-Cobos declaró gasto por $18 millones, seguidos por Sobisch-Asís con $5,8 millones y las fórmulas Lavagna-Morales y Rodríguez Saá-Maya, con $5,6 millones cada una. El 77% de los recursos fue dirigido a la publicidad, por lo que, por primera vez, la Justicia ordenó una auditoría sobre este rubro.
Especialistas piden mejorar el sistema de control judicial con vista a los comicios legislativos de 2009.


Se conocieron los gastos de la campaña electoral de Cristina
Los Andes
19 de Septiembre 2008
Fueron 17 millones de pesos, según el informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral en base a los datos aportados por los propios candidatos. La fórmula Fernández de Kirchner-Julio Cobos declaró ingresos por $ 18 millones.
De los $ 18 millones de ingresos declarados por el binomio oficialista, $ 13,3 millones provinieron del sector privado y los restantes $ 4,7 millones, de los aportes del Estado.
Por lejos, el gasto más alto de la campaña de la actual presidenta fue el de “propaganda”, que se llevó $ 15,3 millones del total. Los “gastos operativos” de su campaña insumieron $ 1,4 millón y por “otros egresos” se declararon erogaciones por 373 mil pesos
Lejos de la fórmula ganadora, el binomio integrado por el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch y el escritor Jorge Asís gastó $ 5,8 millones. Detrás se ubicaron las fórmulas Roberto Lavagna-Gerardo Morales y Alberto Rodríguez Saá-Héctor Maya, con $ 5,6 millones cada una.
La Coalición Cívica (Elisa Carrió-Rubén Giustiniani) declaró gastos por $ 3,7 millones y la fórmula Ricardo López Murphy-Esteban Bullrich, $ 2 millones. El resto de las fórmulas gastó poco más de medio millón de pesos cada una.
El rubro “contribuciones y donaciones privadas” alcanzó en la última elección los $ 27 millones, lo que representa el 64% del financiamiento obtenido por los partidos. En la elección de 2003, el aporte privado había llegado sólo al 56% del total de ingresos.
Los partidos gastaron más en publicidad de lo que declararon
Paz Rodríguez Niell
La Nación
22 de setiembre de 2008
Una auditoría encargada por la Cámara Nacional Electoral calculó que 12 de los 17 candidatos a presidente, incluida Cristina Kirchner, gastaron en publicidad en sus campañas 2007 más de lo que declararon. En total, los partidos informaron un desembolso de 34 millones de pesos, pero el estudio estimó que sólo en propaganda oficial gastaron 18 millones más.
En su informe final, el Frente para la Victoria declaró 15.366.278 pesos en publicidad, 2.182.882 pesos menos de lo calculado por los auditores, que midieron las propagandas de cada fórmula presidencial en los medios de comunicación y en la vía pública. Con otros candidatos la diferencia fue mucho mayor: los partidos de Alberto Rodríguez Saá y de Jorge Sobisch gastaron más del doble de lo que informaron. En el caso de Rodríguez Saá la diferencia fue de $ 4.609.576 contra $ 10.904.849, y en el de Sobisch, de $ 4.918.908 contra $ 12.204.172.
De los cuatro postulantes a presidente que superaron el dos por ciento de los votos, Elisa Carrió, segunda en las elecciones, fue la única que no declaró de menos, de acuerdo con lo auditado. Roberto Lavagna, el tercero, reconoció gastos por $ 4.162.012, mientras que el informe relevó publicidad equivalente a $ 5.281.382.
Esta es la primera vez que la Justicia ordena una auditoría sobre la publicidad. La explicación es sencilla: los partidos gastan el 77% de sus fondos en ese rubro.
Los responsables de las campañas alegan que la auditoría hace sus cálculos sobre los precios de publicidad de mercado y que el valor del segundo de televisión, por ejemplo, suele ser más barato cuando se contrata en cantidad. Advierten, además, que hay propaganda que no la pagó el partido nacional, sino políticos locales.
En las próximas semanas, la Justicia deberá decidir si acepta estas explicaciones. El cuerpo de auditores de la Cámara Electoral acaba de terminar un trabajo que consistió en cruzar el resultado de la auditoría de medios con el informe de gastos presentado por cada partido. Los responsables de las campañas deben demostrar, con los comprobantes correspondientes, cómo gastaron menos de lo que los expertos estimaron. En este momento, todos los documentos están en poder de la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría, responsable de aplicar las sanciones.
“Se supone que los precios son los mismos para todos. Si a otros partidos los medios les cobraron menos, van a tener que explicar por qué”, dijo a LA NACION el diputado Fernando Sánchez, uno de los encargados de la campaña de la Coalición Cívica.
El caso de Carrió fue al revés: declaró propaganda por 2.037.196 pesos y la auditoría calculó que había gastado $ 1.877.918. Lo mismo pasó con Fernando “Pino” Solanas, aunque con una diferencia mínima: informó 222.202 pesos y el relevamiento dio como resultado $ 208.745.
Fuentes de la justicia electoral explicaron que esas diferencias pueden deberse a que hay gastos no contemplados por la auditoría, como los honorarios de las agencias de publicidad y los costos de producción.
Más explicaciones
Tampoco fue incluida la publicidad informal, según relató Gonzalo Cardozo, de Alberto Scopesi SA, una de las empresas responsables del estudio. “Quedó afuera la publicidad ilegal: las pintadas, las pegatinas, los carteles en postes y los pasacalles, muy utilizados en política”, advirtió Cardozo.
Hernán Diez, responsable económico financiero de la campaña de Kirchner, informó a LA NACION que encargaron “toda la contratación a dos empresas de publicidad de primer nivel” y que todo tenía que estar firmado por él y por Sebastián Gramajo, el otro responsable de la campaña. “En 2003 aprendimos y controlamos todo. Sabemos que si las cosas no se hacen prolijas, eso salta, porque los auditores cruzan toda la información”, explicó Diez.
Con respecto a la auditoría de medios, dijo que todavía no la vio, pero que no le preocupa la diferencia entre lo declarado y lo estimado. “Puede haber gastos en algún distrito provincial que no hayan sido hechos por el Frente para la Victoria, sino por alguna agrupación que fue colgada de la alianza nacional. Además, puede ser que hayan tomado un precio diferente para el segundo en TV”, alegó.
Quienes trabajaron en la campaña de Lavagna dieron la mismas explicaciones. “La auditoría de medios, que hace un trabajo muy profesional, no audita gastos, sino apariciones, y estima el gasto según el valor de mercado. Eso tiene un margen de diferencia”, dijo una fuente cercana a Lavagna.
Pablo Tonelli, responsable del informe de campaña de Ricardo López Murphy y actual procurador porteño, coincidió en que el precio teórico y el final suelen no tener “nada que ver”. Recrear declaró propaganda por $ 1.208.348, pero la auditoría estimó gastos por casi el doble: $ 2.280.191.
En las próximas semanas, Servini decidirá si las explicaciones le resultan convincentes y evaluará si están justificadas las diferencias que halló la auditoría de medios.
Reclaman más transparencia para el financiamiento electoral
Laura Capriata
La Nación
6 de octubre de 2008
Mientras crece el escándalo por el financiamiento de la última campaña presidencial, no hay indicios de que vayan a modificarse las leyes o reforzarse los controles para impedir irregularidades en las elecciones legislativas del año próximo.
Expertos en el tema, apoderados y responsables financieros de los partidos políticos indicaron a LA NACION cuáles son las mejoras que se necesitan para transparentar la recaudación y los gastos de campaña. Coincidieron en no hay nada en marcha hasta hoy y que sin voluntad política del Gobierno será muy difícil que cualquier cambio se pueda concretar.
“El problema no está en la ley, sino en los controles”, opinó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano.
Desde 2002, le ley 25.600 regula el tema en el país. La norma prohibió las donaciones anónimas, reguló el financiamiento público y estableció que los partidos deben hacer públicos detallados informes financieros de campaña. Gracias a esas medidas se pudo saber, por ejemplo, que Sebastián Forza, el empresario asesinado que es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, había aportado $ 200.000 a la campaña de Cristina Kirchner.
En 2006 la ley 26.215 introdujo varias mejoras sobre la norma anterior, aunque también hizo una modificación polémica: eliminó cualquier responsabilidad de los candidatos ante la Justicia por irregularidades, y las centró en el partido y en sus administradores.
Sin embargo, para los especialistas la ley no tiene nada que envidiar a las más avanzadas del mundo. Su mayor problema es que no se cumple.
“Debería dotarse de personal, presupuesto e infraestructura al cuerpo de auditores de la justicia electoral”, pidió Ferreira Rubio, que se quejó de que sólo siete peritos lleven adelante el control de las intrincadas rendiciones de cuentas de más de 500 partidos.
El apoderado del PJ, Jorge Landau, coincidió en que “hay que ampliar el número de peritos contables”. Autor de la ley 26.215, Landau prepara varios proyectos legislativos en materia electoral, pero nadie sabe si alguno conseguirá la venia de la Casa Rosada.
Con más auditores sería posible cruzar información electoral e impositiva: si entre los mayores aportantes figuran, por ejemplo, monotributistas, querrá decir que evaden impuestos por sus ingresos, o bien que prestaron su nombre a otra persona.
Otro punto esencial es auditar minuciosamente los gastos. Según Poder Ciudadano, la campaña de Cristina Kirchner costó cuatro veces más de lo declarado. Si se comprueba que un partido gastó más de lo que informó, significará que tuvo ingresos no registrados.
“Una cosa es la ley, pero otra el sistema de financiamiento, donde se ven flujos de dinero que pasan por fuera del régimen”, aclaró Christian Gruenberg, director del Programa de Transparencia de Cippec.
Para el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica-Capital), responsable financiero de las campañas de Elisa Carrió en 2005 y 2007, es necesario limitar la donación empresarial, ya que se sospecha que en algunos casos se otorga a cambio de favores del Estado. También pidió que los fondos públicos para la campaña dejen de ser administrados por el Ministerio del Interior y pasen a la órbita de la Cámara Nacional Electoral.
Su partido presentó un proyecto para crear una comisión parlamentaria que investigue el financiamiento de la última campaña kirchnerista.
Más terminante, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, reclamó que todo el financiamiento de las campañas se haga con fondos públicos, pero “que no se incremente el monto actual por repartir, sino que se reduzca el número de partidos”.
La especialista en partidos políticos de la Universidad Torcuato Di Tella Ana María Mustapic coincidió con esa idea, pero para facilitar los controles. “Más sencillo que auditar 500 partidos sería controlar 50, un número más lógico”, dijo a LA NACION.