La justicia y las autoridades de mesa

Ante la falta de autoridades de mesa la justicia finalmente resolvió que los funcionarios de su ministerio cumplirán esas funciones para garantizar el funcionamiento normal de los comicios.



La Corte dispuso que funcionarios judiciales sean presidentes de mesa
Alberto Amato
Clarín
26 de octubre 2007

Las últimas cuarenta y ocho horas fueron bien movidas en Tribunales. Ante la ausencia masiva de presidentes de mesa en la Capital, la Corte Suprema resolvió finalmente convocar a funcionarios del Poder Judicial con jerarquía de prosecretarios administrativos y superiores, para que cumplan con un deber del que deberían hacerse cargo los ciudadanos.
La Corte lo resolvió ayer a la tarde, en una acordada en la que destaca que la decisión es a pedido de la Junta Nacional Electoral, y con el aval de la Cámara Nacional Electoral. De otro modo hubiera sido muy difícil llegar a esa solución.
Sin embargo, el miércoles por la noche, en el cuarto piso del Palacio de Justicia ya era casi un hecho que la Corte iba a aceptar el pedido de la Justicia Electoral: “No hay alternativa -dijo una fuente del Tribunal-: o la Corte acepta o no hay elecciones el domingo en Capital.”
Todo empezó con un alerta lanzado el mismo miércoles por la Junta Electoral porteña: de 17.751 telegramas enviados a los ciudadanos para que se sentaran a fiscalizar la elección en las 5.917 mesas porteñas, 15.249 volvieron rechazados porque no se pudo notificar a los elegidos, o porque los elegidos decían no vivir adonde llegaban los telegramas. La Junta recurrió a la Corte y la Corte envió el pedido a la Cámara Nacional Electoral.
Ayer, una resolución de esa Cámara tuvo en cuenta el carácter “excepcional y subsidiario” de la situación y pese a oponer varios reparos concluyó: “(…) Esta Cámara no puede oponerse a que se conceda la autorización solicitada” a la Corte. Con ese aval, la Corte decidió muy pocas horas después movilizar a sus funcionarios.
Pero la resolución de la Cámara Nacional Electoral encierra una lección de civismo.
No es demasiado coherente que una sociedad que aspira a elecciones transparentes se niegue a controlarlas. No dice esto la Cámara, ni falta que le hace. Pero sí explica en cambio que la Constitución “pone en manos de los electores la lealtad, la seguridad y la transparencia de los comicios”.
También aclara que no desconoce “el rechazo que muchos electores manifiestan con respecto a su indeclinable e indelegable responsabilidad cívica”. Califica ese rechazo como una “dolorosa realidad que como sociedad deberíamos poder conjurar”, y en esa dolida impotencia advierte que no se puede hacer recaer ese control electoral en “un sector de la sociedad determinado por caracteres comunes entre sus miembros (se refiere al Poder Judicial) soslayando la heterogeneidad en la que se funda el sistema de selección que nuestra tradición jurídica y política ha impuesto”.