La oposición teme un fraude en octubre

Carrió y Lavagna quieren veedores internacionales; López Murphy reclamó custodias



La Nación

7 de Setiembre de 2007
Tras la escandalosa elección en Córdoba, una preocupación creciente comenzó a merodear las principales mentes de la oposición: la posibilidad de un fraude electoral en los comicios presidenciales del 28 de octubre próximo, con el propósito de garantizar que la candidata oficialista Cristina Fernández de Kirchner sea consagrada presidenta electa ese día sin necesidad de segunda vuelta.
Tanto la candidata de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, como el postulante de Una Nación Avanzada (UNA), Roberto Lavagna, que aparecen peleando el segundo lugar detrás de la senadora Kirchner -según las encuestas-, anunciaron que pedirán la presencia de veedores internacionales en las elecciones presidenciales y exigieron al Gobierno las máximas garantías de transparencia en el escrutinio.
En este sentido, focalizaron sus sospechas en el Correo Argentino, presidida por el kirchnerista Eduardo Di Cola, que estuvo a cargo del recuento de votos en Córdoba y que hará también lo propio en el nivel nacional.
Al coro de advertencias se sumaron, también, los candidatos presidenciales de Recrear, Ricardo López Murphy, y del Frente Justicia, Unión y Libertad, el puntano Alberto Rodríguez Saá.
La Constitución nacional dispone que habrá ballottage si la fórmula más votada en la primera vuelta no supera el 45 por ciento de los votos. En el caso de que obtenga entre el 40 y el 45% de los votos y la diferencia respecto de la segunda fórmula más votada sea inferior a los 10 puntos, también habrá segunda vuelta electoral. Lo mismo ocurrirá si el candidato presidencial más votado obtiene menos del 40% de los votos.
La oposición está convencida de que, contra lo que pronostican las encuestas, hay posibilidad de una segunda vuelta electoral en octubre próximo Y teme que el oficialismo manipule los datos del escrutinio si se concreta alguna de las tres variables descriptas que prevé la Constitución para la realización del ballottage.
Lavagna, por caso, advirtió que el Gobierno puso en marcha un plan de manipulación electoral para obtener el voto, cuya primera etapa la constituyen las encuestas.
“El primer paso de esta maniobra es instalar la idea de que Cristina de Kirchner ganará los comicios sin necesidad de segunda vuelta. Eso pasó en Córdoba con el candidato oficial (Juan) Schiaretti. Por eso, sería muy importante que la ciudadanía no se haga eco de estas encuestas, pues son una farsa”, enfatizó ayer Lavagna a LA NACION, y advirtió que el segundo paso de esta “estrategia de manipulación” oficial consistiría en anunciar, no bien terminen los comicios, que la candidata oficialista ganó en primera vuelta electoral.
Tercer paso
“El tercer paso, en caso de ser una elección reñida, será manipular los datos en el escrutinio”, alertó el ex ministro de Economía.
Por su parte, Carrió anticipó que exigirá “todos los controles y auditorías internacionales para que la voluntad popular no sea burlada” en el acto electoral del 28 de octubre.
En ese sentido, Carrió llamó a la gente a cumplir con su “compromiso ciudadano de fiscalizar los comicios en octubre, para evitar el posible fraude electoral en caso de una elección competitiva”.
Por su parte, López Murphy advirtió a LA NACION que “el riesgo de que se repita en octubre lo que pasó en Córdoba existe, porque están operando los mismos métodos”.
“Por eso -insistió- es más necesario que nunca reflotar la idea de custodiar los votos entre los candidatos no oficialistas, idea que les propuse a Carrió y a Lavagna en una carta hace unos meses.” Sin embargo, hasta ahora no obtuvo respuesta.
Por su parte, el candidato presidencial del justicialismo disidente, Rodríguez Saá, consideró que “deben tomarse todas las precauciones” para evitar un eventual fraude en las elecciones presidenciales. Por medio de su vocero político, el ex senador menemista Héctor Maya, el actual gobernador de San Luis sostuvo que se sumará a todo reclamo “que sirva para aportar a la transparencia del escrutinio”, aunque confió en que la fiscalización de sus militantes “evitará la trampa”.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION