La consulta popular quedó para octubre

El gobierno de Telerman decidió postergar el tema referido a la policía porteña (Ley Cafiero)

14 de Junio de 2007
La administración telermanista anunció la postergación de la consulta popular sobre la creación de una policía porteña que iba a realizarse el 24 de junio, junto con el ballottage.
Lo hizo a través de un comunicado, en el que se expresa que la consulta popular se realizará “el 28 de octubre”, en coincidencia con los comicios nacionales de presidente, diputados y senadores.
La fecha del 28 de octubre figura en el decreto que se disponía a firmar esta tarde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman.
Hace exactamente una semana, el gobierno porteño había confirmado la realización de la consulta popular para el 24 de junio, a pesar de la oposición de gran parte del Gabinete de Jorge Telerman, que había considerado que el plebiscito era “innecesario”.
Durante la reunión de Gabinete del miércoles pasado se había discutido la conveniencia de continuar con la consulta popular, atento a las objeciones planteadas por los dos candidatos en carrera, Daniel Filmus y Mauricio Macri. Luego de la reunión, el vocero del gobierno porteño, Oscar Feito, había señalado que “el jefe de gobierno decidió finalmente mantener la consulta, que se realizará junto con la segunda vuelta electoral, ya que es una gran herramienta para que la ciudad cuente con una policía propia”.
Una semana más tarde, el procurador Agustín Zbar -a cargo de la estructura jurídica de la consulta- le dijo que se esperaba que el propio Telerman estuviera en el ballottage y “llevara adelante el tema de la consulta popular” como parte de la campaña, y dijo que en el actual contexto aparecía como una “interferencia”.
Fuentes del Gabinete porteño indicaron que, en el análisis político durante la campaña electoral hacia el 3 de junio se había pensado en la consulta popular para instalar un tema “fuerte” que pudiera disputar contra el discurso de seguridad que iba a enarbolar Macri, como eventual contendiente.
“La decisión de trasladar la fecha de la consulta popular para octubre, cuando se realice la elección nacional, responde a las objeciones políticas que han surgido al tenor de la pregunta, que no satisfizo las expectativas políticas de quienes competirán en el ballottage”, se indicó en el comunicado.
Agrega que la pregunta se reformulará “de conformidad con quien resulte electo Jefe de Gobierno el próximo 24 de junio y se realizará sin más dilación junto a la próxima oportunidad electoral”.
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Qué dice la ley Cafiero

14 de Junio de 2007
Corría 1995, y faltaba un año para que la ciudad de Buenos Aires eligiera a su primer jefe comunal, Fernando de la Rúa, en elecciones directas.
Fue entonces cuando el Congreso limitó, por medio de la ley 24.588, los alcances de la plena autonomía que la Constitución nacional reformada había otorgado a los porteños.
A partir de un proyecto impulsado por el entonces senador bonaerense Antonio Cafiero, la norma impidió a los sucesivos jefes de gobierno manejar la policía, ya que la seguridad armada sigue a cargo del Ministerio del Interior. Este sería el principal motivo de descontento en las distintas fuerzas políticas porteñas, que desde hace ya varios años coinciden en la necesidad de derogar algunos artículos de la ley.
La limitación abarca además a la Justicia -la ciudad sólo cuenta con tribunales contravencionales-, el puerto, la regulación del transporte y los servicios públicos, y el Registro de la Propiedad Inmueble.
Uno de los principales escollos para transferir la policía a la ciudad fue y es el económico. La Constitución exige que las transferencias incluyan el presupuesto correspondiente, por lo que los legisladores del interior se han opuesto históricamente al traspaso.
Los sucesivos jefes comunales también han exigido que el traspaso se haga junto con los fondos necesarios para su mantenimiento.
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Polémica por un proyecto de seguridad

Por Laura Serra
14 de Junio de 2007
El kirchnerismo, con Filmus en la mesa, presentó en el Congreso un plan para permitir una policía porteña; críticas opositoras.
Sólo diez días antes de la segunda vuelta electoral en la Capital, cuando la campaña proselitista alcanza su punto de mayor ebullición, el candidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, Daniel Filmus, presentó ayer el proyecto de ley que impulsará el oficialismo para habilitar el traspaso de la seguridad a la órbita porteña, hoy vedado por la llamada ley Cafiero.
La oposición recibió la iniciativa con una andanada de críticas -cuanto menos la calificaron de “oportunista” y “electoralista”- y se mostró escéptica en cuanto a la voluntad real del oficialismo de dotar de autonomía efectiva a la Capital, ya que por ahora el tema no se debatirá en el recinto, según admiten en el oficialismo parlamentario, con mayoría en ambas cámaras.
Mientras tanto, las huestes de Mauricio Macri -candidato a jefe de gobierno y favorito en las encuestas- encendieron una luz de alarma: advirtieron que, si se aprobara el proyecto kirchnerista, el futuro gobierno porteño debería someterse a la voluntad de la Casa Rosada para discutir los alcances de la autonomía.
La iniciativa del oficialismo pretende modificar la ley en tres aspectos:
El Gobierno permite a la ciudad la competencia de seguridad urbana, aunque la seguridad federal permanece en manos del gobierno nacional.
Se traspasan a la órbita porteña las estructuras de la Inspección General de Justicia “que sean innecesarias al Estado nacional y que la ciudad estime útiles”. El convenio respectivo deberá suscribirse en un plazo de 120 días.
Se incluye una cláusula transitoria que establece que el traspaso de “competencias, unidades organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotación de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios correspondientes” estará sujeto a “convenios” que celebren el Poder Ejecutivo y el futuro gobierno porteño. Esa cláusula es la que mayores suspicacias despierta en el macrismo, por cuanto si bien se concede a la ciudad el manejo de la seguridad urbana, no se garantiza el traspaso del personal, de la estructura ni de los recursos. Eso estaría sujeto a un convenio por celebrarse con el gobierno kirchnerista.
Los diputados porteños oficialistas que trabajaron en esta iniciativa -entre quienes se destaca Juliana Marino- minimizaron las dudas. “No podemos imponer en esta ley el detalle del traspaso en materia de seguridad; eso estará sujeto a las necesidades del futuro jefe de gobierno. Una vez que asuma y las defina, podrá negociarlas con el gobierno central”, explicó uno de ellos.
El macrismo es escéptico. “Si se aprueba este proyecto, el futuro gobierno porteño será rehén del gobierno central”, alertó Cristian Ritondo (Pro-Capital).
El candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo, por el contrario, sólo tuvo palabras de elogio al proyecto. Rodeado por medio centenar de diputados nacionales oficialistas, encabezado por su titular Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), Filmus enfatizó que, con esta iniciativa y a diferencia de la propuesta de Macri, se propone avanzar hacia una transferencia de la seguridad en forma “seria y ordenada con los recursos necesarios” y no simplemente a “derogar la ley Cafiero”.
La consulta fallida
“La transferencia automática no tiene por qué solucionar el problema de seguridad”, dijo Filmus, que indicó que, en una segunda etapa, presentará una iniciativa referida a la cuestión de la Justicia, también bajo el cepo de la ley Cafiero. También cuestionó la decisión del actual jefe de gobierno, Jorge Telerman, de postergar hasta octubre la consulta popular sobre la seguridad. “Es innecesaria”, asestó.
Rossi destacó que esta iniciativa cuenta con el apoyo de todos los diputados del interior, lo cual significa un “importante avance”. Sin embargo, no puso fecha para el debate.
Esto, precisamente, es lo que despierta el escepticismo en la oposición. “No creo que el Gobierno quiera conceder la autonomía a los porteños. Tiene mayoría en ambas cámaras y hasta ahora no avanzó. Ya en 2004 todas las fuerzas habíamos acordado un texto común, y nunca llegó al recinto”, recordó la diputada (en uso de licencia) Silvana Giudici (UCR).
En ese sentido se pronunciaron el diputado Eduardo Macaluse (ARI) y Lucrecia Monti (lavagnista). “Si el oficialismo realmente lo quisiera, aprobaría mañana mismo el proyecto”, enfatizó Monti, mientras que Macaluse advirtió “cuando faltan 10 días para la segunda vuelta, el proyecto oficialista es, cuando menos, electoralista”.